El defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena, consideró este jueves que la toma e incendio del edificio de la Alcaldía de El Alto, donde seis funcionarios murieron por asfixia la semana pasada, tuvieron "un propósito político".
Villena coincidió, en una rueda de prensa, con la tesis que sostiene la alcaldesa de El Alto, la opositora Soledad Chapetón, quien relacionó el asalto a las oficinas del consistorio con la destrucción de pruebas que supuestamente demostraban que en la anterior gestión municipal hubo corrupción.
Seis personas murieron y casi una veintena resultó herida el pasado día 17 en El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, cuando una manifestación de padres de familia derivó en actos violentos, y una turba tomó e incendió la sede de la Alcaldía.
El alcalde al que sucedió Chapetón, Edgar Patana, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), está en prisión preventiva desde 2015 por supuestos delitos de corrupción.
Según Villena, la investigación de la Fiscalía no está orientada a "detectar las causas que llevaron a este innecesario hecho luctuoso" y que, a su juicio, se relacionan con "la extrema pobreza" de la ciudad de El Alto y "una gestión anterior de Patana que fue verdaderamente nefasta".
La Defensoría está realizando una investigación propia que ha recogido los testimonios de las familias de las víctimas.
"Estamos también exigiendo que haya una sujeción a la normativa en vigencia y que el IDIF (Instituto de Investigación Forense) haga un trabajo altamente confiable y profesional", afirmó.
Las víctimas "están exigiendo que este tema no quede en la impunidad", apostilló.
El ombudsman precisó que su investigación pretende producir "un informe defensorial" que se remitirá a la Fiscalía y otras instituciones implicadas para establecer qué derechos constitucionales se han vulnerado "y bajo qué circunstancias y con qué resultados".
Villena informó de que su investigación también recabará los testimonios de Chapetón, los responsables de seguridad y el jefe de recursos humanos del Ayuntamiento, la guardia urbana de El Alto y los responsables policiales departamentales y estatales, incluido su máximo comandante, el general Edgar Téllez.
"El deber de protección del Estado, que pasa por la policía, habría sido omitido, y esto es grave y hay que investigarlo", advirtió
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