El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Jhonny Llally, afirmó que están en pleno proceso de reelaboración del nuevo estatuto autonómico del departamento de Potosí, después que el pasado 20 de septiembre el documento que fue a consulta de la población recibió un rechazo en el referéndum.
“Lo que nosotros estamos haciendo es la elaboración de un nuevo estatuto autonómico, pero verdaderamente de los potosinos”, indicó Llally a ANF, al sostener que solo cumplen el mandato del pueblo que es liderizar la redacción de un nuevo documento orientado al desarrollo del departamento.
Comcipo convocó a las distintas organizaciones sociales a un segundo encuentro de socialización de propuestas para la redacción del estatuto, actividad que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre, en la ciudad de Potosí.
De acuerdo a la norma, si es que un estatuto es rechazado en el referéndum, deben volver a elaborar un nuevo documento que debe seguir la ruta crítica de su aprobación, es decir, en la Asamblea Legislativa Departamental, pasar por control constitucional y volver a llamar a referéndum.
Llally indicó que este proceso de construcción del estatuto contará con amplia participación de la sociedad civil. “Cada organización, cada institución tiene que traer su propuesta”, sostuvo.
En el referéndum del pasado 20 septiembre, la población de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca le dijeron No a la aprobación de sus estatutos autonómicos, alegando en su mayoría, que desconocían los documentos o que éstos no favorecían al desarrollo de sus regiones.
Después de la consulta ciudadana, las organizaciones del departamento de Potosí rápidamente iniciaron el proceso de preparación de un nuevo documento autonómico.
En cambio en los otros cuatro departamentos donde también ganó el No a los estatutos no se conoce si sus asambleas departamentales o sus organizaciones sociales iniciaron la elaboración de sus estatutos.
En tanto, el Gobierno descartó que las regiones que no tengan estatutos departamentales sean parte del pacto fiscal ya que supuestamente es lo que manda la Ley de Autonomías.
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