El diezmo, una práctica común en las instituciones pública

El pago de diezmos, aportes “voluntarios” o descuentos en los salarios de los funcionarios es una práctica común en la administración pública. Es un secreto a voces en las instituciones, pero pocos se atreven a denunciarlo, ya sea por no quedar mal con el amigo que le ha conseguido el trabajo o por temor a perder su fuente laboral.

Jorge (nombre ficticio ya que prefiere mantenerse en el anonimato) es uno de los ex funcionarios que ha sufrido en carne propia la “voluntariedad” de los aportes cuando trabajaba en la dirección de Comunicación de la Gobernación, durante la gestión del ex gobernador Lino Condori.
“Había la disposición de un aporte voluntario de todos los funcionarios independientemente fueran o no fueran del MAS (Movimiento Al Socialismo). Se tenía que aportar para la campaña, el monto variaba según el sueldo de cada uno. Yo ganaba unos 3.300 y de ahí me pedían 200 bolivianos. No te daban un recibo ni nada, sino que se lo anotaban en las planillas”, explica.
Los primeros meses Jorge se negó a hacer el aporte, ya que no estaba de acuerdo, pero a medida que fue pasando el tiempo la presión se acentuó.
“Con el cambio de candidato del MAS a la Gobernación, por la anulación de Carlos Cabrera, la asesora de la Secretaría de Coordinación llamó a una reunión para comunicar que había funcionarios que no estaban pagando los aportes y que no estaban asistiendo a la campaña”, recuerda.
Obviamente nadie dijo nada y Jorge, junto al resto de funcionarios que no realizaban los aportes, se vio obligado a aceptar. “Yo iba con la secretaria y le daba los aportes en mano, los metía en un sobre y se lo llevaba a la de coordinación, que era la que controlaba los aportes”, cuenta.
Al igual que Jorge, Olga (nombre también ficticio) se vio obligada a dar parte de su sueldo cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa Departamental. Sin embargo, en su caso el aporte era mucho más alto y el dinero iba a parar directamente a la asambleísta de la que era asesora.
“La asambleísta me pidió el 30 por ciento de mi salario. Esto duró el tiempo de mi contrato que fue por ocho meses. El modo de pago era directo, sin intermediarios ni mucho menos depósitos”, recuerda.
De los 6.000 bolivianos de sueldo, tenía que entregar 1.500 bolivianos a la asambleísta, una obligación que Olga aceptaba sin rechistar. “Era una suerte de modus operandi entre las bancadas. Nunca se habló exactamente de la posibilidad de no aceptar el porcentaje, pero digamos que obviamente si no daba eso buscarían otra persona quien sí diera esa cifra”.
Son varios los casos como éstos, quizás el más sonado se dio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado suplente de Unidad Demócrata, Amilcar Barral, retenía más de la mitad del sueldo de uno de sus asesores, se quedaba con 2.300 bolivianos. Hasta que Hipólito Matías, el afectado, tomó valor y grabó una conversación en la que Barral le cobraba, lo puso al descubierto. El parlamentario fue suspendido por 10 meses sin goces de haber.
Sobre el tema, el director del Ministerio de Trabajo en Tarija, Ramón Vilca expresó que esa oficina no tiene registrada denuncia alguna sobre esta situación, “pero tenemos conocimiento”. Explicó que la Constitución Política del Estado da derecho a organizarse por sindicatos, sectores… “y eso hace que cada organización, mientras no contravenga la Constitución o sea ilícita, tenga el derecho a solicitar aportes voluntarios”.
Sin embargo, en las instituciones públicas esos aportes voluntarios se convierten en obligaciones para los funcionarios, ya que son registrados minuciosamente y de ello depende su continuidad laboral en la institución pública.



Alcaldía también obliga a aportar

En Alcaldía los aportes de los funcionarios también son una práctica normalizada. “Cuando llega a fin de mes te sorprendes. Hay descuentos, aportes para el partido municipal, aportes desconocidos... Yo tenía nivel técnico 1, me descontaban 2.7% del total ganado para el partido, más el 5% para el partido municipal y luego en el mes venían otros aportes para los enfermos que se iban sumando. De los 3 mil y algo que ganaba sólo me quedaba con 2.800. Es decir me restaban cada mes unos 400 bolivianos”, cuenta una ex funcionaria.