20 julio 2015

Estado y víctimas de la dictadura retoman diálogo después de casi cuatro años

El Ministerio de Justicia a través de su principal autoridad, Virginia Velasco, se reunió después de tres años y cuatro meses con representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de la Dictadura para analizar su pedido de resarcimiento por los daños sufridos durante gobiernos de facto.

En estos casi cuatro años, familiares y víctimas de la dictadura vivieron en carpas al frente del Ministerio de Justicia, en El Prado. El fin de semana se reunieron con Velasco, y el subprocurador, Lucio Marca, para analizar cuáles son los puntos que impiden la conclusión del conflicto.

En esta reunión acordaron que a partir del sábado 25 de julio se conformarán grupos para trabajar durante dos meses. Revisarán las listas de las personas que califican para recibir el beneficio que les otorga la Ley 2460 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política.

Julio Llanos, presidente de la Plataforma, informó en radio Panamericana que la reunión fue el resultado de los compromisos que se hicieron el 19 de marzo de este año, en Washington. La llegada del Papa Francisco a Bolivia impulsó a este acuerdo cuando el religioso instó a "no construir muros sino más bien a derribarlos", indicó Llanos.

Los representantes de las víctimas de la dictadura esperan que los documentos sean analizados con "seriedad, compromiso y responsabilidad política". Llanos dijo que "no se han fijado plazos (pero) si se le da continuidad, en dos meses (un acuerdo) estará concluido".

Además el dirigente se quejó porque los nuevos requisitos son "imposibles de conseguir". Por ejemplo, un certificado de tortura de un médico forense, un testigo que indique el grado de lesión e impedimento que ha causado la tortura, el certificado del inicio y conclusión de la persecución y el pasaporte original de exiliados.

"No es posible cumplir. En ese entonces no habían forenses, cómo tener pasaporte si han salido casi en calzoncillos con un cartel que decía delincuente político, sin derecho de retornar", reclamó.

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