Al iniciar el mes en el que se realizarán las elecciones departamentales y municipales en el país, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió nuevamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cumplimiento de las recomendaciones que le hiciera llegar en febrero pasado, para subsanar los problemas identificados por la institución defensora de los derechos humanos durante los comicios electorales realizado en octubre de 2014.
Estas recomendaciones, ya mencionadas en el informe sobre los derechos humanos de diciembre del año pasado, demandaban la adopción de medidas que faciliten el sufragio de personas adultas mayores, especialmente de quienes se encontraban en hogares de acogida, personas con discapacidad, enfermos internos en hospitales y personas privadas de libertad que se vieron impedidos de ejercer su derecho por diversas situaciones, dificultades y falta de previsión del Órgano Electoral.
"Solamente en relación a las personas internadas en los hospitales estimamos que más de 10.000 personas en todo el país no pudieron votar porque no se las tomó en cuenta en la planificación que debió considerar por ejemplo la apertura de mesas fijas en estos centros médicos”, indicó la autoridad.
Otro grupo de la población que tuvo dificultades fueron los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, incluidos jóvenes que prestaban servicio militar, así como policías de baja graduación que prestaban servicio de vigilancia durante los comicios "En varias ciudades se vio que muchos de ellos y ellas se trasladaban a sus destinos de trabajo sin que se tomaran las previsiones para que pudieran votar antes o durante la jornada electoral, incluso en algunos casos permanecieron acuartelados o como parte del personal mínimo requerido en las unidades; en esos casos tampoco tenían los medios para votar”, argumentó Villena.
El Defensor pidió además que se considere a las personas privadas de libertad que en su mayoría no votaron debido principalmente a problemas como la falta de carnet de identidad vigente, lo que, a su criterio resulta injusto ya que estas personas no pueden renovarlo por su situación. Al respecto, sugirió que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) realizara un empadronamiento previo en los recintos penitenciarios para actualizar las cédulas de las y los privados de libertad.
Otras demandas tenían que ver con la necesidad de realizar las depuraciones oportunas al padrón electoral respecto a las personas fallecidas o al cuidado de no excluir injustificadamente a ciudadanas y ciudadanos. "En muchos casos las personas estaban consignadas en el padrón electoral pero no en listados de la mesa electoral”, recordó el Defensor y señaló que esas situaciones que pueden evitarse, generan dudas justificadas sobre la transparencia del proceso.
Por otra parte advirtió que es necesario mejorar la capacitación a las Notarias y Notarios Electorales con el fin de que estos cumplan a cabalidad sus atribuciones establecidas en la normativa electoral; mejorar los medios de información a la población respecto a los requisitos de votación, documentación con la cual se debe acudir a votar, recintos y mesas electorales; facilitar el día de la elección la obtención de certificado de impedimento, procurando la accesibilidad a los lugares de emisión principalmente a centros penitenciarios, hospitales y casas de acogida de adultos mayores.
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