Atan solo 35 días de la realización de las elecciones generales del 12 de octubre, los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrentan dos procesos penales instaurados por organizaciones políticas de oposición, en medio de contradicciones internas que podrían derivar en la destitución del director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto.
La primera querella penal impulsada ante la Fiscalía de Distrito de La Paz por Unidad Demócrata (UD) en contra de los siete miembros del TSE, por haber incurrido supuestamente en el delito de incumplimiento de deberes, recayó en el fiscal Rodolfo Villarroel con quien conversó El Día, para conocer la situación de la denuncia.
Declaraciones. El fiscal a cargo de la dirección funcional de la investigación dijo que hasta el pasado viernes, 5 de septiembre, presentaron sus declaraciones informativas la presidente del TSE, Wilma Velasco y el vicepresidente del ente electoral, Wilfredo Ovando, mientras que el vocal Irineo Zuna se acogió al derecho del silencio. Por otro lado, la declaración de Dina Chuquimia fue suspendida y postergada.
"Por cuestiones de procedimiento en atribución a que nuestro investigador estaba declarado en comisión media jornada, se suspendió la declaración de la vocal Chuquimia, por tanto, nos sujetaremos a una agenda estrictamente nuestra. Hemos podido conversar con los abogados de los vocales que se han presentado a su turno y acordamos que las declaraciones se darán cuando nosotros así lo dispongamos y nos allanen el trabajo, porque no podemos sujetarnos a su agenda", señaló.
Asimismo, manifestó que la sobrecarga de agenda obligó a reprogramar las declaraciones de Chuquimia y fijar fecha para que también se apersonen los vocales Marco Ayala, Fanny Rivas y Ramiro Paredes para los próximos días. Sin embargo señaló que en el propósito de colectar los elementos de convicción que puedan determinar la denuncia y establecer si evidentemente los vocales incumplieron o no sus deberes se requirieron algunos documentos.
Criterios independientes. Villarroel aseguró que la Fiscalía aplicará criterios de legalidad e independencia, indistintamente de que los denunciados sean jueces de un tribunal. "Tenemos una competencia determinada que nos atribuye la persecución legal de oficio", dijo a este medio. El segundo proceso penal por el supuesto delito de falsedad ideológica fue instaurado por el Movimiento Sin Miedo (MSM) por la resolución 355 de Sala Plena del TSE, que atribuyó a esta tienda política la difusión anticipada del spot "Bolivia, centro energético de Sudamérica", cuando en los hechos se trataba de otro, referido a la billetera de los autoritarios y los millonarios.
Proceso
Fiscalía no descarta reunir a vocales
El careo entre los vocales no ha sido excluido en la estrategia de investigación de la Fiscalía, considerando que la táctica de los denunciados fue el de asumir defensa de manera individual.
En aplicación a la norma procesal, explicó que como ya pasaron 20 días desde la fecha de presentación de la denuncia por Jaime Navarro, secretario ejecutivo de UD, se solicitó la ampliación a 90 días en la etapa preliminar.
El vicepresidente, Wilfredo Ovando, dijo sentirse tranquilo por el proceso ya que todas las acciones del ente colegiado fueron enmarcadas en la ley y explicó que las citaciones son de carácter personal, y por tanto, la decisión de declarar o no es de él.
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