TSE recuerda que es delito trasladar gente para empadronar

El traslado "fraudulento” de personas con la finalidad de empadronar en un lugar distinto al de su jurisdicción es considerado un "delito electoral”, con privación de libertad de dos a cinco años, declaró Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el municipio de San José de Chiquitos, los pobladores habrían tomado las oficinas de la Notaría Electoral para evitar la inscripción de personas de otros municipios que llegaron a la zona sólo para registrarse para las elecciones de octubre.
Las autoridades entregaron en el Tribunal Departamental Electoral un voto resolutivo sobre el hecho, del que Paredes aún no tiene conocimiento.
"Si fuese evidente que hay un traslado de personas a esa notaría y que no pertenecen al lugar, eso se constituye un delito electoral”, dijo, pero insistió en que aún no conoce esa información.
Dicha prohibición está establecida en el artículo 238, inciso i), de la Ley del Régimen Electoral, donde se prevé sanción para la autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que "promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas”, especifica la norma.
Para que el TSE actúe "tiene que haber una denuncia con las pruebas respectivas” y ninguna autoridad electoral puede obviar el tema y debe, de ser necesario, enviarlo al Ministerio Público, dijo Paredes.
Es un "claro delito de privación del derecho ciudadano a elegir a sus legítimos representantes. Están acarreando a electores de otros lugares para que voten con la consigna oficialista, sin importar que no conocen a nadie de la zona”, declaró el alcalde del municipio, Nardo Caballero, al diario El Deber.
El documento aprobado por las instituciones del lugar señala como responsables a dirigentes del gubernamental MAS, por promover esta acción -considerada por los pobladores como "ilegal”- que busca favorecer al oficialismo en las elecciones.
El Servicio de Registro Cívico (Sereci) del TSE dio inicio al registro biométrico con unos 1.073 notarios en todo el país, que registrarán a los ciudadanos con equipos biométricos.