El Concejo anula resolución que restituyó al alcalde de Pocoata

El Concejo Municipal de Pocoata, en Potosí, anuló la noche del jueves la resolución —aprobada bajo presión campesina— que restituía en su cargo al alcalde Teodoro Rueda Vásquez (MAS), imputado por la violación y asesinato de la auxiliar de enfermería Lucía Ch., en 2013.

“Ayer (jueves) sesionamos nuevamente Ismael Acarapi, Saida Chaca y mi persona presentamos una nota de reconsideración de la resolución y por mayoría la hemos anulado: tres votos a favor, una abstención y un voto en contra”, informó ayer a La Razón la concejala Aurora Villalta.

Sin embargo, en 15 días el Legislativo edil volverá a considerar el pedido de Rueda, y en este periodo la Comisión de Ética debe presentar un informe sobre la situación legal de la autoridad electa.

La restitución se produjo la noche del martes cuando el Legislativo, presionado por decenas de campesinos movilizados en el pueblo, que exigían que se devuelva su cargo a Rueda (MAS), se vio obligado a sesionar.

Entonces, la presidenta Miriam Díaz y los concejales Ezequiel Combata y Acarapi, votaron a favor y firmaron la resolución que permitía que retorne a su cargo. Villalta no asistió por falta de garantías y Chaca se abstuvo de votar. En la sesión del jueves, solo Combata votó en contra de la anulación.

Antecedentes. Rueda fue imputado por la Fiscalía de Potosí por la violación y asesinato de la auxiliar de enfermería —quien trabajaba en la comunidad de Sarijchi— en diciembre del año pasado. La Policía halló su cadáver el 6 de diciembre.

La Fiscalía lo imputó sobre la base de pruebas de luminol al vehículo oficial donde se cometió el crimen, la declaración de testigos y el extracto de llamadas telefónicas. El 10 de diciembre de 2013, el alcalde fue detenido preventivamente en la cárcel de Uncía, por lo que solicitó licencia indefinida al Concejo.

Tres meses después, el 27 de marzo, el juez de Colquechaca, Emilio Fonseca, ordenó su libertad con medidas sustitutivas, luego de que la madre de la víctima, Felipa P. , desistiera del proceso tras recibir de Rueda $us 9.000, denunció el fiscal Emilton Jara.

Ya en libertad, Rueda solicitó al Concejo la restitución. El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías dispone que una autoridad electa puede ser suspendida temporalmente solo cuando un juez dicte una acusación formal en su contra.

El 30 de abril, un cabildo campesino obligó a sesionar al Concejo y a devolver su cargo al alcalde. No obstante, los ediles desconocieron al día siguiente lo hecho alegando que actuaron bajo presión y llamaron a otra sesión para el 13 de mayo.

Desde el lunes, unos 150 campesinos de comunidades vecinas se apostaron en la puerta de la Alcaldía y presionaron para que Rueda reasuma, incluso haciendo uso de chicotes. Empero, su restitución ocasionó una lluvia de críticas de parlamentarios, activistas y autoridades, lo que obligó a los representantes ediles a retroceder por segunda vez.

Inseguridad. El debate será retomado en 15 días, por lo que Villalta pidió a las autoridades nacionales colaboración para que los concejales no vuelvan a ser presionados. Durante este periodo, los concejales coordinarán con el Ministerio de Justicia para conocer el estado del proceso, información que le fue negada a la Comisión de Ética por Jara y por el juez que le dio la libertad.

“Cuando los concejales viajaron hasta Colquechaca y pidieron la colaboración del fiscal Emilton Jara, se les negó, lo mismo al juez. Pido a las autoridades que nos colaboren de una vez a solucionar esto, ya que al parecer otra vez este lunes los comunarios retornarán”, advirtió. El Concejo Municipal de Pocoata está integrado por cinco miembros, cuatro del MAS y uno del Movimiento Originario Popular.

Pedirán un informe oral y escrito

Asamblea

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, anunció que el lunes solicitarán información al juez y fiscal que llevan el caso de Teodoro Rueda (MAS) para conocer cómo es que tiene medidas sustitutivas cuando está imputado por feminicidio y violación. “Vamos a enviar una petición para tener un informe escrito, y si el caso amerita, un informe oral, pues si hay un asesinato no puede estar en libertad”, dijo.