El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó ayer ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una Acción de Cumplimiento que obligue al presidente Evo Morales y a su gabinete ministerial a la aplicación del debate sobre el pacto fiscal, tal como dicta la Ley Marco de Autonomías.
Dicha norma establece que el debate del pacto fiscal debe instalarse seis meses después de conocidos los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, pero el plazo feneció el 31 de enero.
La acción de cumplimiento fue presentada por el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, y señala que el Gobierno de Evo Morales incumplió la decimo séptima disposición transitoria de la ley autonómica, que en su segundo parágrafo establece el plazo para presentar las propuesta para el pacto.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la acción de cumplimiento se presenta ante un tribunal competente que la tramita de la misma forma que un amparo constitucional; luego ese fallo va en revisión al Tribunal Constitucional.
El asesor general de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, explicó que una vez presentado el recurso el Tribunal de Justicia de La Paz, deberá pronunciarse ya sea rechazando o admitiendo el recurso.
Reacción
Frente a la Acción de Cumplimiento que presentó Costas, el diputado masista por Pando Galo Bonifaz calificó el recurso como una medida política que busca perjudicar al Gobierno, y afirmó que, pese a esa presión, no se revertirá la decisión de postergar el tratamiento del tema hasta después de los comicios presidenciales de este año.
En esa misma línea, el presidente de Asociación de Municipios de Santa Cruz y alcalde del de Cabezas, Rodolfo Vallejos (MAS), descalificó el recurso que presentó Costas, por considerar que tiene fines políticos porque, según él, lo hace con la intención de potenciar su candidatura presidencial.
Otra mirada
Por su lado, el líder cívico Fernando Castedo dijo que con la acción de cumplimiento presentada por Costas se pone en evidencia el incumplimiento a las leyes de parte del poder central, pero alertó el riesgo de que ese recurso no sea admitido por un Tribunal paceño.
El alcalde de Sucre, Moisés Torres, respaldó la demanda sentada por Costas, porque busca que la justicia obligue al Gobierno a iniciar el debate de la distribución de fondos y así evitar las desigualdades en cuanto al manejo de los recursos públicos
La Uagrm está ajena al debate del pacto
El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Oswaldo Ulloa, afirmó ayer que esa casa de estudio esperará que el sistema de universidades estatales del país se reúna para fijar una posición sobre el pacto fiscal.
Según Ulloa, los rectores de los nueve departamentos se reunirán en mayo en la capital cruceña para analizar la decisión gubernamental de postergar el debate sobre el pacto fiscal y, en esa instancia, fijarán una posición en ese aspecto. “Somos respetuoso de lo que decida nuestra institución y lo que apruebe se acatará”, dijo el vicerrector de la Uagrm.
El sistema universitario también es uno de los beneficiados con la nueva distribución de fondos públicos basados en los datos censales de 2012.
ANÁLISIS
El Gobierno puede sufrir cierta incomodidad
Jorge Lazarte - Politólogo
Está claro que el Gobierno nacional ha incumplido su propia Ley de Autonomías por evitar dar curso al debate sobre el pacto fiscal.
La decisión de postergar el debate es por razones políticas, pese a que las regiones y esa postergación, en un año electoral, pueden traer demasiadas incomodidades para el Gobierno central y se agravaría más su situación si es que se concretan movilizaciones colectivas.
Sin embargo, a la población en general no le interesa mucho ese tema, tal vez porque aún no ha entendido la importancia del debate del pacto fiscal, que dejará como resultado la distribución de recursos para los gobiernos autónomos y el sistema universitarios y, por ende, ayudará a ejecutar más proyectos.
El silencio del sistema universitario y la pasividad de algunos municipios en este tema también se enmarcan en el incumplimiento con sus propios deberes, que ordena la normativa legal independientemente si se trata de recursos o no, pese a que beneficia a todos. Si sumamos los dos temas que aún están pendientes, como el pacto fiscal y la reconfiguración del nuevo mapa electoral, le pueden pasar una factura alta al Gobierno central
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