La elección de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional por voto directo en 2011 fue introducida como la “gran reforma” para sacar al sistema de la profunda crisis en la que se encontraba. Hoy, analistas, juristas y las propias autoridades gubernamentales que promovieron esa reforma, coinciden que “el remedio fue peor que la enfermedad”. ¿Cuál la salida para la actual crisis judicial? Hay varias propuestas.
Las propuestas van desde la renuncia de todas las altas autoridades judiciales electas que están en funciones y la designación de magistrados de forma transitoria, hasta el cambio de las reglas para la selección de las futuras autoridades.
La ministra de Justicia, Sandra Elizabeth Gutiérrez, admite que hubo fallas en el proceso de selección de los postulantes a autoridades judiciales y anunció cambios importantes en la reglamentación de selección.
“Si, tienen que a haber algunas modificaciones, fue un hecho histórico (la votación), ése fue el espíritu de esto, que el pueblo sea el que elija a sus autoridades (..) están trabajando en otras opciones”, dijo Gutiérrez.
El 16 de octubre de 2011, 4,5 millones de ciudadanos de los 5,2 millones habilitados acudieron a las urnas para elegir a 56 magistrados para los tres organismos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque en cifras totales ganó el “nulo”.
La misión de las autoridades electas, de acuerdo a las expectativas que se alentaron, era “sacar al sistema judicial de la crisis” en que se encontraba por el descrédito de los operadores de justicia.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza, sugirió una evaluación institucional a todas las autoridades judiciales, una autocrítica, y a partir de esos resultados, realizar ajustes o los cambios necesarios..
Balance negativo
El analista Jorge Lazarte calificó la actual crisis judicial como “catastrófica”, pues desde su punto de vista, al control político que tenía la justicia boliviana en el pasado, se sumó la falta de capacidad de los magistrados.
“En el pasado habían magistrados idóneos aunque vinculados políticamente, ahora eso continúa, pero con magistrados que no son idóneos, se juntaron dos males y por eso se explica esta crisis”, dice Lazarte.
Dijo que a lo largo de la historia del país, el lastre de la justicia boliviana fue el control político “nunca se pudo corregir, siempre hubo un control político sobre la justicia”.
“Este control continua y es más evidente en la gestión del presidente Evo Morales, pero esta vez disimulado con el voto de la población lo que nunca antes había pasado, hicieron a la población cómplice de la distribución”, afirmó el politólogo.
La exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, recordó que cuando se planteó la elección de los magistrados por voto popular, los colegios de abogados del país plantearon la intervención de especialistas en la preselección de los candidatos.
“El origen del problema que estamos viviendo, es precisamente éste y es atribuible indudablemente a la Asamblea Legislativa en razón a que ellos procedieron a hacer una preselección indudablemente política”, dijo.
“La solución no pasa únicamente por poner plata y aumentar jueces es un problema estructural que debe ser enfrentado integralmente”, opina Lazarte.
Causas estructurales
Según el constitucionalista José Antonio Rivera, la crisis del sistema judicial se la tiene que enfrentar a partir de sus causas estructurales.
“Se tiene que solucionar la causa económica financiera incrementando la asignación presupuestaria al Órgano Judicial y al Ministerio Público. Hasta la gestión 2013, el presupuesto para el Órgano Judicial no alcanzaba siquiera el 1 por ciento del Presupuesto General del Estado”, manifestó Rivera.
Dijo que en proceso de selección de postulantes se dejó de lado el criterio de la meritocracia, hecho que permitió que se profundizara la dependencia de los actuales magistrados con el Gobierno central y bajara “considerablemente” la capacidad de los magistrados.
“El voto popular no ha sido el remedio, ese remedio ha sido peor que la enfermedad, los magistrados desconocen sus funciones”, dijo.
Rivera dijo que en el pasado se dieron experiencias exitosas en la elección de autoridades judiciales con base en la meritocracia, ya que se buscó a los profesionales más capacitados para esas funciones, pues evaluaba su experiencia y conocimiento sobre la cuestión judicial.
Bajo esa antigua modalidad, Lazarte comenta que se elaboraba una lista de 100 personalidades del ámbito de la justicia, que era presentado al Parlamento donde se seleccionaba a los mejores calificados.
Reformas de orden profesional
Para el magistrado José Antonio Rivera, para superar la crisis actual del sistema judicial es necesario incluir y considerar en cambios en la formación profesional de los abogados.
Dijo que las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas deben modificar su diseño curricular para formar profesionales abogados de alta calidad.
Agregó que la Escuela de Jueces debe ser una garantía en cuanto a la capacitación de las futuras autoridades judiciales, y la permanente actualización a los jueces.
Junto a estas medidas se debe respetar la Carrera Judicial para que no existan más jueces improvisados que vayan a aprender, además de que deben estar sometidos a continuas evaluaciones.
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