TCP admite recurso; en suspenso decretos de la Alcaldesa orureña

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso directo de nulidad presentado por el presidente del Concejo, Juan José Ramírez (MAS), contra la facultad de la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, de aprobar decretos municipales.

El director Jurídico de la Alcaldía, Édgar Blass, reconoció que desde el momento de la notificación la autoridad demandada pierde competencia, lo que significa que la Alcaldesa estaría inhibida para efectuar acciones administrativas que tengan como base esa normativa.

La notificación oficial de admisión del recurso directo de nulidad Nº 224/2013 CA 27, presentada en mayo, fue entregada a las 17.00 a la Alcaldesa, quien comenzó una vigilia en el legislativo edil.

Sin embargo, la movilización de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) obligó a Ramírez a enviar por fax su desistimiento. Él demandó de nulidad del Decreto Municipal (DM) 001/2012 de Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Órgano Ejecutivo Municipal de Oruro, suscrito por Pimentel y que le faculta a aprobar DM. En su momento, la Alcaldesa explicó que como no existe una Carta Orgánica, encaminará su gestión mediante los DM. Desde entonces a la fecha, la Alcaldesa aprobó otros 12.

Escenarios. A diferencia del municipio de La Paz, por ejemplo, que cuenta con una Ley Municipal de Ordenamiento Jurídico y Administrativo aprobada por el legislativo edil, Oruro carece de ese marco normativo, argumento en el que Ramírez fundamentó el recurso de nulidad.

Ayer, Pimentel dijo que el recurso planteado en Sucre revelaba “el doble discurso” de los concejales y advirtió de que si el TCP declarara procedente la demanda, se anularían las planimetrías aprobadas, el pago de recursos a la Asociación de Conjuntos del Folklóricos, entre otros.

Añadió que el DM 001 y los 12 posteriores fueron utilizados por la inoperancia del Concejo y mientras esta instancia aprobaba una Ley de Ordenamiento Jurídico y Administrativo. “Hemos aprobado planimetrías, hemos pagado a la Asociación de Conjuntos del Folklore, se ha respaldado en estos decretos para que los sectores periurbanos puedan hacer sus trámites; generar la nulidad de los decretos sería un caos en contra de la ciudadanía, por eso estoy en vigilia en el Concejo”, explicó.

“Los decretos que ha emitido la Alcaldesa no son legales, porque el Concejo hasta ahora no ha aprobado la Ley de Ordenamiento Jurídico, y lo que ha hecho el presidente (del Concejo) es presentar un recurso de nulidad a esos decretos”, dijo el concejal Rodolfo Uyuni.

El desistimiento que Ramírez se vio obligado a suscribir ayer explica que ante el conflicto social surgido contra el Concejo por el recurso de nulidad se firmó un acta entre el ejecutivo y el legislativo con mediación de las juntas vecinales, por el que el primero se compromete a aprobar de forma prioritaria la Ley Municipal de Ordenamiento Jurídico.

“Desisto de la acción correspondiente al Recurso Directo de Nulidad Nº 3678”, agrega. El documento fue enviado por fax al TCP, pero también debe ser entregado en forma personal por el concejal Ramírez.

Mientras el TCP se pronuncia, el director jurídico de la Alcaldía orureña, Édgar Blass, explicó que el ejecutivo edil está obligado a remitir los antecedentes en un plazo de 24 horas a Sucre, y que los 12 DM posteriores que emanan del decreto base quedan en suspenso.

Blass dijo que el tribunal tiene un plazo procesal de cinco días para pronunciarse sobre el desistimiento y 45 días para el tema de fondo. “Mientras tanto, la Alcaldesa está suspendida en sus competencias y siendo el DM 001/2012 la base de la estructura orgánica, no se puede emitir ninguna otra resolución”, añadió.

Los concejales creen que es previsible que el TCP acepte el desistimiento de Ramírez. Para hoy se espera que el Legislativo municipal apruebe la ley de ordenamiento.

Los DM pueden ser objetados

Falla

El municipalista Rómulo Alconz dijo ayer que la falla podría estar en que el ejecutivo edil se haya lanzado directamente a la promulgación de los decretos, sin agotar todos los argumentos ante el Concejo. Si el TCP declara procedente el recurso, la Alcaldesa podría sufrir procesos administrativos, pero si de por medio hay gastos económicos, podrían abrirse procesos penales porque se habla de ejecución de proyectos, señaló.