Según abogado de las víctimas de Octubre Negro Burócratas “incapaces” del MAS impiden la extradición de Goni

“Vemos con indignación y tristeza que la lucha porque se haga justicia (…) se está diluyendo en la burocracia del Estado, en las manos de tal o cual funcionario y su incapacidad para dar respuestas a los problemas”, declaró Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre negro a propósito de que la Cancillería del Estado no termina de revisar y traducir documentos ni proveer el financiamiento, para agilizar el proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada habiendo tenido un tiempo de ocho meses para esas labores.

El objetivo de ese trámite (que fue remitido por el Ministerio Público a la Cancillería) es garantizar el retorno del expresidente a Bolivia y dar continuidad al juicio de responsabilidades en su contra por los hechos luctuosos de octubre de 2003.

“Hemos enviado esa nueva solicitud a la Cancillería y esperamos que en los próximos días o semanas nos puedan devolver para presentar formal y oficialmente esta solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que luego se proceda como corresponda”, declaró ayer en Sucre a varios medios el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El Ministerio Público aguarda que la Cancillería, además de la traducción oficial de la nueva demanda de extradición, debe contratar un bufete de abogados en los Estados Unidos que coadyuve en el proceso, ambos procedimientos requieren un alto presupuesto con el que la Fiscalía no cuenta.

Mientras autoridades estatales informan que la “nacionalización” de las riquezas petroleras le reportaron al Estado boliviano 16 mil millones 745 mil dólares por concepto de renta petrolera en los últimos siete años, en otras esferas burocráticas hallan dificultades a la hora de contar con dineros para continuar las acciones legales contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por un caso originado por la “guerra del Gas” que causó 63 fallecidos, sin contar quienes fallecieron por heridas, irónicamente todo ellos caídos en defensa de los recursos hidrocarburiferos.

“Nosotros lamentamos que después de ocho meses que se conoció el rechazo de la solicitud de extradición, no se haya concretado una nueva solicitud. Lamentamos que en estos ocho meses las autoridades del Estado no hayan sabido dar una respuesta que viabilice la presentación de la nueva solicitud de extradición”, expresó con molestia el abogado de las víctimas que ante ese desalentador panorama expresó su esperanza de que sólo autoridades máximas del Estado puedan definir soluciones.

“Así, le pedimos al Canciller y al Presidente, que ordenen se viabilice la presentación de una nueva solicitud de extradición, porque está visto que la burocracia del Estado, no lo quiere hacer”, dijo terminante.

Mayta explicó que en todo este tiempo participó de reuniones entre el Ministerio Público y la Cancillería, con el objetivo de establecer alternativas, primero para elaborar un nuevo exhorto y luego para superar cualquier dificultad que hubiese respecto de los gastos necesarios. “Hemos solicitado a las autoridades que se puedan viabilizar soluciones para sufragar los gastos necesarios; con mucha frustración vemos que no se ha avanzado nada en meses”, dijo.

“En las reuniones siempre se nos expresa buena voluntad (…) que en los hechos queda en nada” indicó sobre la actitud de los burócratas cuando se trata de plasmar los compromisos asumidos.

“Y no se trata que pensemos que los Estados Unidos nos van a dar la extradición sólo por presentar un nuevo exhorto, sino de no renunciar como país a que se haga justicia con los masacradores, por un principio de dignidad nacional. Sabemos bien que los Estados Unidos están protegiendo a Sánchez de Lozada y Sanchez Berzaín y que lo seguirán haciendo”, explicó.

Mayta dijo que una y otra vez oye razones del porqué no se concreta una nueva solicitud de extradición, “que nos parecen cada día más a pretextos, como el paraguas que se abre previsoramente para el día en que lluevan los cuestionamientos públicos. Lo cierto es que a casi 10 años de la masacre no hay solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain y hay explicaciones repetidas de por qué no se puede y ni una sola respuesta para hacerlo”, expresó.

Este medio acudió a la Cancillería para solicitar una información sobre este reclamo, se consultó a la responsable de comunicación de ese Ministerio, Consuelo Ponce, quien señaló que se tenía conocimiento de la información proporcionada desde Sucre por el fiscal Guerrero y se estaba solicitando los datos pertinentes al Director Jurídico de ese despacho, quien sin embargo, no estaba en esas oficinas, por lo que un comentario, opinión o posición oficial al respecto recién sería conocido hoy.

DATOS

- “Octubre Negro” es el nombre con el que se conoce a la insurrección popular de octubre de 2003, que culmina con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

- Lo que motivó esta insurrección fue el anuncio gubernamental de la exportación de gas natural a México y Estados Unidos en términos de mucha desventaja para el país. Las movilizaciones de descontento y protesta inicialmente comenzaron como una demanda puntual de oposición a la exportación del gas y terminaron convirtiéndose en un referendo activo por la nacionalización de los hidrocarburos y la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada.

- La guerra del gas puso en evidencia al sujeto protagónico de las movilizaciones por la nacionalización plasmada en los movimientos sociales campesino populares. Del conjunto de movilizaciones, se debe destacar la resistencia realizada en Warisata el 20 de septiembre, debido a que sus resultados fueron decisivos para que la demanda por la nacionalización, planteada inicialmente de manera local y dispersa, se convierta en una demanda masiva a nivel nacional.