Dávila dice que es falso que Embajada de EEUU o FBI hayan dado indicios sobre red de extorsión

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo el lunes que es falso que la Embajada de Estados Unidos (EEUU) o la oficina de investigación estadounidense FBI hayan dado indicios sobre la red de corrupción y extorsión desbaratada la semana pasada en el país.

Consultada sobre las versiones periodísticas respecto a una supuesta alerta de la red de corrupción de parte de la Embajada de Estados Unidos a través de mensajes de texto enviados al celular del presidente Evo Morales, Dávila negó ese extremo y aseguró que el Jefe de Estado sólo recibe mensajes de conocidos.

"Todo está presumiendo que es la Embajada de Estados Unidos la que ha mandado un mensaje, el Presidente recibe mensajes de personas amigas y que conoce, no es un mensaje anónimo que vaya a pasar o uno de la Embajada eso es absolutamente falso, como es falso que el FBI haya estado investigando ese tema, es absolutamente falso", manifestó.

En esa dirección, la Ministra de Comunicación aseguró que hace siete meses el Mandatario instruyó al ministro de Gobierno y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, respectivamente, iniciar la investigación del caso de extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de presunta legitimación de ganancias ilícitas.

"Se inició la investigación pero no por mecanismos ilegales o indicios anónimos, habían indicios importantes que han llevado a la investigación, esta es una investigación que dura ya mucho tiempo, el Presidente ha pedido expresamente que esa investigación continúe, se lleve a cabo y comience a dar resultados", señaló.

Dávila negó que los mecanismos de inteligencia del Gobierno boliviano hayan fallado, en alusión a versiones de la oposición y de medios de prensa.

Según datos oficiales, la red de corrupción y extorsión que operaba en La Paz y Santa Cruz fue desbaratada tras las declaraciones de Ostricher, empresario estadounidense, que denunció la pérdida de bienes que ascenderían a 15 millones de dólares en cargas de arroz, maquinaria y ganado, monetizados ilegalmente por la Dirección de Bienes Incautados de Montero.