Los bienes incautados de Ostreicher eran comercializados por funcionarios de Dircabi Santa Cruz.
De al menos de 20 millones de dólares se apropió la red de presuntos extorsionadores que estaba integrada por funcionarios de los ministerios de Gobierno y Presidencia por la venta de los bienes incautados al estadounidense Jacob Ostreicher, informó ayer el titular de Gobierno, Carlos Romero.
Ostreicher fue aprehendido en junio de 2011 en Santa Cruz e imputado de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero.
Romero explicó que el estadounidense llegó al país con 27 millones de dólares que estaban destinados a la adquisición de 20 toneladas de arroz, ganado mejorado, tierras y maquinaria.
El Ministro afirmó que sólo por la venta de arroz, 18 toneladas incautadas, los sindicados lograron recaudar al menos 10 millones de dólares que fueron depositadas en diversas cuentas entre ellas una a nombre de José Manuel A. P., exfuncionario del Ministerio de la Presidencia.
DESDE DICIEMBRE. De acuerdo con las investigaciones, desde diciembre del pasado año se monetizaron los bienes incautados a Ostreicher en supuesta complicidad de tres funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Hugo Franklin P. S., Eduar S. B. y Ramiro O. P. “No están claras las cifras, pero se desconoce el destino de al menos 20 millones de dólares”.
LOS IMPLICADOS. En conferencia de prensa, Romero explicó que la red no está desbaratada por completo y que hay más involucrados, en las direcciones de bienes incautados de Montero y Santa Cruz.
“Hay más gente involucrada, pero yo sospecho de toda la estructura que se manejaba en Dircabi, porque hay tres personas prófugas y un exdirector, que goza de las medidas sustitutivas”.
Afirmó también que la red tiene nexos con narcotraficantes a quienes extorsionaban, sobre todo en Santa Cruz, a donde el Director Jurídico se dirigía en forma constante.
Además, existe la declaración, no conocida oficialmente, en la que Claudia Liliana R. E., de nacionalidad colombiana, actualmente recluida en el penal femenino de Palmasola, involucra a los funcionarios de Gobierno con la venta ficticia de los terrenos de John Wilson Díaz Véliz, supuesto agente del cártel del Valle, a Ostreicher y a otras personas.
17 personas sindicas son investigadas por el Ministerio de Gobierno, que montó otra unidad de inteligencia policial.
Dos investigaciones en curso mantiene el ministerio de Gobierno sobre denuncias recibidas, en las últimas 48 horas, en el despacho que dirige Romero.
La autoridad indicó que una es la denuncia de acción de este presunto grupo delictivo a una colonia menonita en Santa Cruz y que también tiene detenidos en el penal de Palmasola.
Al referirse al segundo caso, indicó que es una denuncia de la ciudad de La Paz y que por los indicios entregados, hay evidencias de participación de este grupo delictivo.
Consorcio. Asimismo, el Ministro de Gobierno indicó que en una primera evaluación de las acciones se determinó que el grupo de servidores públicos también mantenían relación con grupos de abogados, personal a todo nivel del Ministerio Público en Santa Cruz y La Paz, como también en la Policía. Dijo que hoy se conocerá una nueva nómina de sospechosos.
“Con la salida de D.R. del ministerio de gobierno en la primera semana de noviembre, comenzó la etapa operativa de esta plan para descubrir como actuaba el grupo”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Dijo que la salida del funcionario hizo que los otros involucrados acelerarán alguna acciones, como el cobro de una nueva suma a Ostreicher, que estaba hospitalizado.
“Me prometieron que no me van a dejar aquí y que van a atender mi caso”.
Jacob / Ostreicher ACUSADO
“La investigación seguirá adelante, caiga quien caiga”.
Carlos Romero / MINISTRO
El caso Ostreicher
El Ministro de Gobierno informó que la investigación comenzó a principos de agosto pasado contra la presunta red delictiva .
11 de septiembre
En 2011, el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, concede un poder notarial amplio a los abogados, F. R. y D. R., para representar a su despacho.
9 de noviembre
Es destituido del cargo de asesor legal de procesos del Ministerio de Gobierno, D.R., y se inicia una investigación contra los presuntos funcionarios extorsionadores.
26 de noviembre
Es aprehendido el funcionario del Ministerio de la Presidencia, J.A.P., en la ciudad de La Paz y trasladado a la ciudad de Santa Cruz, para prestar declaraciones.
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