El juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Oswaldo Aguilar, había dado curso, el pasado año, a la solicitud de Samuel Doria Medina para levantar el arraigo nacional dispuesto en su contra y pueda salir del país para atender sus asuntos laborales y de salud pero a cambio le fijó el pago de una fianza de Bs 250.000.
La decisión fue apelada por la Fiscalía y la Alcaldía de Sucre y el Tribunal de Apelación compuesto por los vocales Iván Sandoval y Sandra Molina revocaron la resolución de Aguilar y decidieron mantener el arraigo nacional al empresario, bajo el argumento de que el empresario salió del país varias veces con autorización del juez.
En criterio del presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Iván Sandoval, las pruebas presentadas por la defensa de Doria Medina no fueron "suficientes ni convincentes" para dar lugar a la suspensión del arraigo, pues sostuvo que el empresario obtuvo permiso para viajar las veces que éste lo solicitó, tomándose en cuenta su derecho al trabajo y a la salud.
Por lo que los vocales consideran que no es evidente que se esté vulnerando su derecho al trabajo y a la salud tal como argumentó en su incidente Doria Medina.
"El juez instructor no hizo una correcta valoración de las pruebas toda vez que si bien Doria Medina acusó la vulneración de sus derechos al trabajo y a la salud por la medida del arraigo nacional, porque debía ausentarse al exterior, concretamente a Estados Unidos para esos propósitos laborales de su actividad empresarial y su estado de salud, pudo cumplir con esos objetivos", afirmó Sandoval.
El abogado de Doria Medina, Héctor Tapia, dijo haber demostrado que el arraigo perjudicaba a su defendido, y que además no podía mantenerse un arraigo por más de 1 año y 8 meses. El letrado anunció que sugerirá a su cliente iniciar un proceso penal en contra de los dos vocales firmantes de la resolución.
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