En días pasados, Cardozo anunció la conformación de una comisión que viajará a Paraguay para pedir la renuncia de Cossío y viabilizar de esa forma las elecciones en ese departamento.
"Hemos coincidido entre todas las fuerzas políticas del departamento de Tarija, estamos haciendo una solicitud a la instancia cívica departamental para que se pueda trasladar una comisión política cívica hasta Asunción del Paraguay y pedirle a Mario Cossío Cortez que pueda presentar su renuncia irrevocable como gobernador del departamento de Tarija", dijo el asambleísta chaqueño.
Al respecto, la senadora tarijeña María Elena Méndez (CN) criticó la postura del legislador y rechazó que ésta se haya "coincidido" entre las fuerzas políticas de Tarija, más al contrario dijo que fue Cardozo quien propició la salida de Cossío del departamento de Tarija.
"Poder Autonómico Nacional ha sido una de las propulsoras para defenestrar a la autoridad democráticamente electa, por qué tiene que renunciar un gobernador democráticamente electo que ha recibido la confianza del pueblo (…). Lo que aquí se tiene que hacer es exigir la renuncia del impostor (el ahora gobernador) Lino Condori que responde al Movimiento Al Socialismo", expresó.
A criterio del diputado tarijeño Luis Alfaro (MAS) ninguna de las dos opciones es la acertada para el bien del departamento de Tarija, pues, dijo, en la actualidad ya "no creemos en la renuncia de Cossío".
"El actual gobernador está por mandato de la Asamblea Departamental y cualquier renuncia del actual gobernador va a dar curso al nombramiento de otro asambleísta y no hay un camino legal para la renuncia del gobernador, su renuncia no viabilizará una nueva elección", manifestó, sobre las declaraciones de Méndez.
Cossío fue suspendido de sus funciones como gobernador la madrugada del 16 de diciembre de 2010, luego de una sesión en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. En la reunión se resolvió cesarlo del cargo de manera temporal mientras se desarrollen los juicios en su contra, como ser el del caso de la empresa Imbolsur, donde se acusa a la ex autoridad de daño económico en la adquisición de 2.990 toneladas de bolsas de cemento.
anf
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