La desaparición de 500 toneladas de cemento asfáltico que estaban dirigidos al municipio de San Buenaventura, vincularían al gobernador de La Paz, César Cocarico, y a su secretario general, Johnny Bautista, según documentos judiciales conocidos ayer en una causa abierta en contra del alcalde Adalid Carvajal.
El valor de 2.500 turriles que jamás llegaron al municipio de San Buenaventura alcanzaría a medio millón de dólares porque cada barril tendría un costo de 200 dólares en el mercado de la construcción.
Los hechos. El 19 de mayo del año pasado suscribieron un convenio el gobernador Cocarico y el alcalde Carvajal para la dotación de 500 toneladas de cemento asfáltico tipo 60/70, equivalentes a 2.500 turriles, para ser utilizadas en el mejoramiento de vías del proyecto "pavimento flexible, vías urbanas de San Buenaventura".
La entrega tenía que estar a cargo del Servicio Departamental de Caminos La Paz (Sedcam), según nota firmada por Félix Severo Mayta Tola y el alcalde San Buenaventura. Para recoger los turriles se designó a los choferes Remberto Rosales, Roberto Limachi, David Condori y Marcelo Palacios. Pero fueron otros tres conductores que recogieron 375 tambores del depósito de Senkata, cada uno 125.
Alcalde imputado por la Gobernación. El alcalde Adalid Carvajal fue imputado por la Gobernación de La Paz por el presunto delito de incumplimiento de deberes, peculado, enriquecimiento ilícito y otros. Una parte del cemento asfáltico destinado a San Buenaventura fue hallado en un galpón ubicado en la carretera Santa Cruz-Cotoca, provocando la detención de Efraín Jorge González, quien está preso hace cuatro meses en la cárcel de San Pedro. Jorge, en declaración judicial, admitió haber comprado 500 tambores en Bs 60.000. Además, involucró en el hecho al alcalde Carvajal.
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