El Gobierno anunció ayer que no suspenderá la realización de la consulta “previa” en el TIPNIS, como pidió el Tribunal Constitucional Plurinacional, y dejó el llamado a la concertación en manos de los pueblos indígenas que habitan en el territorio indígena.
A Quintana se le preguntó si se paralizará la consulta mientras dure el diálogo con los originarios y la autoridad contestó: “No. Lo que existe es un plazo establecido por la ley (222 de consulta “previa” en el Isiboro Sécure) y lo que tienen que hacer los presidentes de las subcentrales es atender los plazos”.
En esta misma línea se pronunció el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas. “No se puede paralizar, no se va a paralizar (la consulta)”, respondió el asambleísta, aunque destacó que el Tribunal se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma 222.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad de la ley de consulta “previa”, declaró la constitucionalidad “condicionada” del artículo primero de esa norma, pero convocó al Gobierno a concertar el proceso con los indígenas.
La consulta es un mecanismo de decisión previsto en la Constitución cuando se realicen proyectos que afectarán a pueblos indígenas, pero actualmente el Gobierno está preparando un proceso en el que sólo participará una fracción de indígenas del parque Isiboro Sécure.
El senador Rojas afirmó ayer que no se consensuará la consulta con sectores ajenos al TIPNIS, como “medioambientalistas”, “mochileros”, “ni con Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, y tampoco con el ex mallku del Conamaq Rafael Quispe”.
Los ministerios responsables de la consulta han avanzado en el diseño y socialización del protocolo entre las comunidades indígenas que no estarían participando de la IX marcha en defensa del parque Isiboro Sécure.
El pronunciamiento del TCP se genera ante las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes 180 y 222, que fueron presentados por diputados del MSM y del MAS, porque dichas normas supuestamente contradicen el texto constitucional.
El ministro Quintana calificó ayer la sentencia constitucional como una “decisión prudente y equilibrada”, sin embargo, para los dirigentes IX marcha indígena en defensa del TIPNIS la resolución sólo expresa la “obediencia” del Tribunal al Órgano Ejecutivo y rechazó su contenido.
En criterio de los marchistas, el Gobierno violó el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados cuando existan medidas administrativas y legislativas que les afecte, al referirse específicamente al contrato suscrito por el Gobierno con la empresa brasileña OAS para la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
En el MAS creen que se debe allanar el camino para solucionar este conflicto mediante el diálogo, aunque hasta ahora no existe ningún acercamiento.
El senador Rojas incluso abrió las puertas para una posible ampliación de plazos. “De ser necesario nosotros podemos ampliar dos o tres meses (la consulta), no hay problema”, afirmó.
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