El fiscal Elías Bueno anunció ayer que imputó a los seis detenidos en la marcha de las personas con capacidad distinta, por lesiones leves y graves contra efectivos policiales, y anunció que remitió los antecedentes para la audiencia de medidas cautelares.
Las personas con capacidad diferente que se apostaron a una cuadra de la Plaza Murillo, entre las calles Ingavi y Yanacocha, comenzaron ayer a radicalizar su protesta. Ocho de ellos procedieron a crucificarse y una mujer se introdujo con su hijo a una jaula.
En tanto, el dirigente del sector, Carlos Mariaca, mencionó que en las próximas horas habrán más crucificados y que también optará por tomar otros mecanismos
Tras los enfrentamientos con la Policía ocurridos el jueves pasado, la caravana logró instalar un punto de vigilia a una cuadra de centro político del país, mientras que en respuesta, la Policía cercó la protesta, encontrándose sus efectivos en alerta para detener a cualquier presunto infiltrado.
El viernes al menos 250 discapacitados, instalados en la esquina de las calles Ingavi y Yanacocha, recibieron la caridad de la gente de a pie y de instituciones allegadas a las personas con capacidades especiales. Ahora cuentan con una carpa y atención de médicos.
Dirigentes que encabezan la caravana, afirmaron que ante la falta de respuesta inmediata del Gobierno a la petición de la caravana de un bono de unos 5.000 bolivianos, equivalentes a 714 dólares estadounidenses anuales, ellos no descartaban asumir medidas de presión más radicales que una huelga de hambre.
“No queremos utilizar medidas radicales pero nos están obligando a eso. Queremos evitar que el pueblo boliviano sufra un trauma por lo que queremos hacer: la inmolación”, dijo Bianchi.
El dirigente también denunció que la Policía aprovecha la dispersión de sus familiares y de algunos ciudadanos que los apoyan en su protesta para detener a amigos presuntos infiltrados que estarían generando tensión.
En tanto, al promediar el mediodía, el hijo del secretario general de la caravana de los 100 días Eli Pedriel, fue detenido de manera sorpresiva por los efectivos policiales en la calle Yanacocha, a una cuadra del punto de protesta.
El diputado Jaime Estivariz, se apersonó hasta la vigilia, para denunciar abuso de poder. Sostuvo que si la Policía iba a continuar con ese procedimiento, el sector estaba dispuesto a entregarse para reclamar sus derechos desde las celdas.
IMPUTACION
De acuerdo a versión de ABI, en horas de la tarde, el fiscal Elías Bueno informó que imputó a los seis detenidos en la marcha violenta de los discapacitados, por lesiones leves y graves contra efectivos policiales, y anunció que remitió los antecedentes para la audiencia de medidas cautelares.
“He emitido la resolución formal de imputación contra seis personas por el presunto delito de lesiones”, explicó después de interrogar a los detenidos en los hechos violentos del pasado jueves.
Mencionó que esas personas, entre ellas, dos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fueron remitidos a celdas judiciales a la espera de la audiencia cautelar que presidirá el Juez Iván Córdova, quien definirá la situación legal de los detenidos.
“Es de conocimiento público y de la prensa que en los disturbios del jueves resultaron heridos varios funcionarios policiales, uno de ellos, tiene el brazo fracturado y fue enyesado en el
el policlínico de la Caja Nacional de Salud”, explicó.
Informó que los policías que fueron atacados con piedras, orín, pintura, objetos punzo cortantes, bastones metálicos, petardos y otros, presentaron denuncia y ayudaron en la investigación.
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