MARCHISTAS apuntan a la Renta Dignidad

Presentaron nuevas demandas. Exigen la modificación de cuatro leyes ya aprobadas, como la Electoral. Plantean paralizar la explotación petrolera en todos los parques. La caminata prevé reanudarse hoy rumbo a Yucumo.

Redacción Central

Cambio

La reciente plataforma de demandas presentada ayer por los dirigentes de la marcha por el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis) pide modificar leyes, paralizar todas las actividades hidrocarburíferas en parques nacionales y demanda recortar recursos para el pago de la Renta Dignidad, informó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero.

En entrevista en radio Patria Nueva y Bolivia TV, la autoridad explicó que el objetivo de los marchistas es incrementar los ingresos económicos que reciben del Estado, de la partida del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

“Primero dicen que el Fondo Indígena debería tener más recursos, (ya) no solamente el 5% asignado del IDH, sino que además dicen que este fondo debería recibir ingresos de todos los proyectos productivos en los que interviene el Estado”, dijo Romero.

Señaló que los dirigentes exigen también que se consulte con ellos la elaboración de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como la norma de Minería, de Unidades Territoriales, de Bosques, Áreas Protegidas, Instituto de Lenguas y Culturas, de Salud, de Desarrollo Integral de la Amazonia, entre otros.

Asimismo, piden la modificación de normas vigentes, como la Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley del Régimen Electoral, Ley del Tribunal Agroambiental y la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria, pese a que ésta última fue consensuada con los sectores indígenas integrantes del Pacto de Unidad.

Romero dijo que de aceptar este pedido “el Estado quedaría prisionero, (estaría) esclavizado de la decisión de esas comunidades locales en la formulación de políticas, leyes e implementación de proyectos (económicos) nacionales”.

Renta Dignidad

El Ministro señaló que los dirigentes piden que “la parte del Fondo Indígena que se asigna a la Renta Dignidad la absorba el Estado y ese dinero sea canalizado directamente a los pueblos indígenas”.

Según datos del Ministerio de Economía, el Fondo Indígena aportó en 2010 $us 175,9 millones a ese proyecto, mientras que el Tesoro General de la Nación (TGN), 458,3 millones.

En caso de que se acepte esa condición, el Estado tendría que buscar recursos para cubrir la cuota que da el Fondo. La renta Dignidad benefició el año pasado a casi 838 mil adultos mayores.

Al respecto, el ejecutivo de la Confederación de Jubilados, Mamerto Goyochea, señaló a Cambio que los que deben pedir una reivindicación o administración de los recursos de la Renta Dignidad deben ser los jubilados.

“Entendemos que las disposiciones del Gobierno ya están definidas para los diferentes sectores y en ese caso para nosotros no es nada conveniente que ellos (marchistas del Tipnis) con el pretexto de una movilización y de un sacrificio pretendan administrar estos recursos”, dijo Goyochea.

Parques hidrocarburíferos

Pese a que los indígenas marchistas pidieron incrementar los ingresos económicos del denominado Fondo Indígena —recursos que provienen del IDH— también exigieron paralizar las actividades hidrocarburíferas no sólo del Parque Agüaragüe (Tarija), sino de todos los parques nacionales.

“Ellos dicen ‘validaremos el plan de desarrollo estratégico del Agüaragüe’ y ahí estamos logrando un punto de acercamiento, pero luego dicen ‘extenderemos esta demanda de paralización de actividades a otras áreas protegidas también’ y ahí otra vez nos alejamos”, señaló Romero.

El presidente Evo Morales explicó anteriormente que el 90% de la exportación de gas de Bolivia sale de Agüaragüe y paralizar las actividades en esa región significaría para el Estado una pérdida diaria de $us11 millones, lo cual perjudicará a proyectos sociales como el bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy, entre otros.

“En esencia, las comunidades indígenas del Tipnis ya no están expresadas en la movilización indígena”, subrayó el ministro Romero.

Imposiciones sindicales

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, pidió acabar con la “imposición sindical” de los dirigentes marchistas y que se respete la decisión de las bases, esencialmente de los pobladores del Tipnis.

Marcha

Según un periodista desplegado en la marcha, los dirigentes informaron que aún no analizaron la nota remitida por el ministro Romero, pero anunciaron la reanudación de la marcha hoy desde la población de Limoncitos.


Nuni no asiste más de un mes a la Asamblea

El presidente de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Héctor Arce, aseguró ayer que aún se aguarda un informe de la Primera Secretaría para conocer la situación del diputado Pedro Nuni, uno de los impulsores de la marcha.

El diputado Pedro Nuni (MAS) desde hace un mes no asiste a la Asamblea Legislativa para asumir sus funciones como legislador, lo que podría derivar en el cese de sus funciones por inasistencia, afirmó el diputado Edwin Tupa (MAS).

Al respecto, la diputada del opositor Unidad Nacional Elizabeth Reyes dijo que “es impresionante escuchar al diputado Tupa decir que Nuni perderá el curul por estar al lado de sus bases, al lado del pueblo defendiendo un Parque nacional”.


Blindarán parque contra ocupaciones

El Gobierno hará un blindaje con leyes que protejan la integridad del Parque nacional y la de sus habitantes, aseguró ayer el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.

“Haremos una ley que diga que se protege el Parque y penalizamos al que se incorpore al mismo sin cumplir con la norma”, señaló la autoridad en entrevista con el programa El Pueblo es Noticia, de radio Patria Nueva y Bolivia TV.

Delgadillo afirmó que el blindaje con leyes al Tipnis incluirá la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el Ministro de Estado informó sobre la elaboración de una Ley de Construcción de Calidad de Vida. La idea es que el desarrollo que traerá la carretera debe incluir escuelas, postas sanitarias, saneamiento básico y otros. Con relación a las tomas ilegales en el Tipnis, Delgadillo señaló que es una obligación del Estado preservar el Parque.

Asimismo, el titular de Obras Públicas también se refirió a las acciones de mitigación de efectos nocivos en el lugar. Aseguró que si en el proceso de construcción de la carretera se afecta algún domicilio o la tierra, el Estado debe dar compensaciones como manda la ley.

Delgadillo recordó que el propio presidente Evo Morales, días atrás, comprometió cuidar el medio ambiente y la biodiversidad en el Tipnis.

La autoridad señaló que pobladores de entre 10 a 15 comunidades de los 69 del Tipnis marchan hacia La Paz desde el 15 de agosto.


Anuncian consensos para consulta previa

El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, informó ayer que el Gobierno consensuará la metodología de consulta a las comunarios del Tipnis sobre la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari con los organismos internacionales.

“Ese proceso de consulta se inicia con la presencia del Presidente (Evo Morales), pero luego se conecta con una metodología que la estamos elaborando (y) que la vamos a consensuar además con los organismos internacionales.

Delgadillo confirmó que al proceso de consulta —que es una de las demandas de los marchistas que se oponen a la vía— se convocará a “los que están adentro y a los que están afuera también”.

“Para nosotros es vital tener claro la decisión final”, dijo.


Gobierno dará seguridad en Yucumo

“Para nosotros la vida es central, la vida de los compañeros marchistas, la vida de los compañeros de Yucumo es lo central y vamos a proteger ambas partes de vidas con la presencia de la seguridad pública, a todos”, manifestó ayer el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.

En ese marco, exhortó a instituciones de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo colaborar con la mediación entre ambos sectores.

El Ministerio de Gobierno emplazó en Yucumo, ubicada a 5 km donde se encuentra la marcha de originarios movidos por la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), un contingente de efectivos para prevenir enfrentamientos, según ABI.

Los comunarios de Yucumo bloquean actualmente esa localidad y exigen a los marchistas que dialoguen con el Gobierno y que retiren de su pliego petitorio cinco demandas que al parecer les perjudican.