A tres días de cumplir 36 meses de detención de forma preventiva en cárceles de La Paz por los sucesos violentos de El Porvenir del 11 de septiembre 2008, un juez de La Paz, por otro proceso legal, dispuso ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández.
La audiencia cautelar celebrada ayer en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde Fernández se encuentra recluido desde marzo pasado, el juez Segundo de Instrucción en lo Penal de Pando, Diego Roca, determinó la detención preventiva de la exautoridad dentro de uno de los procesos legales iniciados por la Gobernación de Pando, en el segundo caso, el juez dispuso su libertad pero le fijó el pago de una fianza de 50 mil bolivianos.
Los abogados defensores de Fernández exteriorizaron su indignación por la subordinación y manipulación de la justicia, porque el impulso de estas dos nuevas acusaciones están orientadas a impedir que el exprefecto recupere su libertad el próximo viernes, cuando cumplirá 36 meses sin contar a la fecha con una sentencia, lo que de acuerdo a ley derivaría en su libertad.
La defensa de Fernández tiene previsto presentar este viernes una petición de cesación de la detención preventiva, respaldada en esa disposición legal (la Ley 007 Marcelo Quiroga Santa Cruz), pese a que advirtieron que el Ministerio Público junto a los abogados de los familiares de las víctimas de El Porvenir, estaban preparando algo para impedir que salga libre.
“Estamos indignados ante lo sucedido, se ha ratificado que las acciones contra Fernández son políticas y que en el país no existe justicia ni un Estado de derecho”, expresó el abogado Víctor Gutiérrez.
Fernández se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde fue trasladado “arbitrariamente” del penal de San Pedro donde fue recluido el 16 de septiembre del 2008, acusado por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves por los hechos acaecidos el 11 de septiembre en El Porvenir, donde 13 campesinos y dos autonomistas murieron en un enfrentamiento.
En uno de los casos, en el que se llevó a cabo ayer la audiencia cautelar, es por el presunto delito de incumplimiento de deberes en la firma de un convenio interinstitucional para la construcción de embarcaderos en Pando, proyecto que no habría sido ejecutado en su gestión de prefecto.
“En los desembarcaderos mi cliente sólo ha firmado un convenio de financiamiento para que se haga este proyecto y luego otras personas han sido las que ejecutaron este proyecto”, dijo el abogado de Fernández, Karlo Brito.
Además de este proceso, la Gobernación pandina acusa a Fernández por resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el referémdun sobre los estatutos autonómicos.
Por ese mismo hecho (los referendos para aprobar los estatutos autonómicos) los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y el gobernador suspendido de Tarija Mario Cossío, han sido acusados y a los dos primeros se les ha fijado medidas sustitutivas a la detención preventiva.
“En este caso el señor juez dispone la libertad de Leopoldo Fernández y que se pague una fianza de 50 mil bolivianos”, mencionó Brito, al lamenar la falta de sustento de la decisión del juez.
Defensa: En tres años no se probó nada
A tres años de los luctuosos sucesos en El Porvenir, Pando, la Fiscalía aún no demostró quiénes son los autores materiales de la muerte de 13 personas, afirmó ayer Karlo Brito, abogado del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández.
El jurista manifestó que se demostrará en el juicio que su cliente es inocente, y que el enfrentamiento entre campesinos y ciudadanos de Pando fue “armado por el gobierno de Evo Morales con el fin de destituir del cargo de prefecto a Fernández, por ser uno de los principales opositores a su gestión”.
"Nosotros mantendremos que esto es un hecho político, acto que fue armado por el Gobierno, porque lo que se quería era sacarlo de la prefectura, y lo consiguieron (...). No existen pruebas ni testigos que identifiquen a Leopoldo Fernández como el responsable", sostuvo Brito.
La acusación y la defensa se acusan mutuamente de la dilación del juicio. Según la acusación, Fernández con chicanerías viene demorando el juicio para evitar una sentencia y poder beneficiarse con la cesación de la detención preventiva para salir libre. En cambio para el abogado de Fernández, Víctor Gutiérrez, eso es una falacia y los que se encargaron de demorar el juicio son ellos.
“La ley dice que las audiencias son continuas, pero ellos acordaron que sean los jueves y viernes”, dijo.
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