La Dirección de Régimen Penitenciario se contradice sobre la causa del traslado del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández de la cárcel de San Pedro al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Argumentó que se obedeció a un pedido de los internos de hace seis meses, pero recién se ejecutó la solicitud para resguardar la integridad del reo.
El presidente de la Corte de Distrito de La Paz, William Alave, explicó que al Tribunal de Sentencia que lleva el juicio contra Fernández y otras 25 personas por las muertes en Provenir le corresponde analizar la disposición de traslado y su legalidad. “Este tipo de traslado tiene que ser remitido ante el juez que conoce la causa dentro de las 48 horas”.
Pasado el mediodía de ayer, la Policía desplegó un operativo sorpresivo en afueras del penal de San Pedro para sacar al ex prefecto de Pando. Una quincena de efectivos armados y en motos custodiaron la vagoneta blanca que lo llevó hasta Chonchocoro.
En rueda de prensa, el director de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, intentó justificar el traslado cuestionado por la familia y parlamentarios de la oposición, y afirmó que Fernández “tiene un peligro inminente a su integridad física en el penal” y que las leyes 2298 y 007 le facultan para realizar el traslado.
La autoridad sustentó la decisión con un voto resolutivo de la población penal de hace seis meses, que amenazaría la integridad del ex prefecto y de la sección Posta, sin embargo, el pedido recién se cumplió ayer.
Sueiro indicó que la resolución lleva entre las firmas la del delgado de los internos, Dante Escobar, quién ayer declaró ante medios de comunicación que piden el retorno de Fernández. “Los compañeros de la sección de La Posta se encuentran molestos y han decidido declararse en estado de emergencia”.
Sueiro al respecto dijo que el apoyo “es una reacción lógica, porque tienen protección de Leopoldo y favores”.
En la conferencia de prensa se pidió una copia del voto resolutivo firmado por Escóbar, pero no se mostró el documento.
El director penitenciario señaló que la resolución de internos declara, además, “persona no grata” a Fernández por ser “un reo privilegiado” al convivir en La Posta.
Sin embargo, en la misma sección habitan Dante Escóbar, el ex senador del MAS y presidente de la estatal YPFB Santos Ramírez, entre otras personalidades reconocidas, y el documento sólo afecta al ex prefecto.
Sueiro informó que los internos pidieron también que la Posta sea habilitada para universidad, pero no afirmó que todos los presos de esa sección serán removidos como Fernández.
La movida de la ex autoridad ocurrió a casi una semana del intento de motín en la penitenciaría de San Pedro en reclamo de la infraestructura, el incremento del prediario y otros.
Parlamentarios calificaron al traslado como una represalia por denunciar a la abogada de familias de víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, de una deuda a Impuestos Nacionales, pero Sueiro desvirtuó tal situación.
Defensor y senadores piden informe
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, y senadores de la oposición anunciaron que pedirán informes al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y a Régimen Penitenciario de la remoción intempestiva del interno Leopoldo Fernández a otra cárcel.
Villena, al salir ayer de una reunión con delegados del penal de San Pedro, señaló que pedirá un informe escrito sobre el traslado del ex prefecto de Pando. “Eso voy a hacer conocer al Legislativo”.
La bancada de Convergencia Nacional, a tiempo de cuestionar el traslado, preparó un cuestionario para enviar a Llorenti y al director de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, para esclarecer el transfondo. “Es una actitud de prepotencia y abuso”, dijo el senador Germán Antelo.
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