El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, denunció ayer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz que el Poder Ejecutivo intensificó la persecución política en su contra al punto de que, en el juicio que se le sigue, la Contraloría General del Estado hizo modificaciones a los informes de auditorías que se realizaron en la entonces Prefectura de ese departamento en el caso del referéndum autonómico de 2008.
La autoridad entregó varios folios a la Brigada Parlamentaria de su departamento para presentar su queja.
Suárez hizo estas declaraciones en una jornada en la que también hicieron conocer sus denuncias de persecución política, el alcalde suspendido de Potosí, René Joaquino, y el gobernador de Tarija, Mario Cossío. El Gobierno, en tanto, respondió a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, “que dejen de inventarse lo de la persecución política” y que afronten sus responsabilidades.
Suárez, sin embargo, mostró documentación para que sea revisada y que quede constancia de que sus observaciones no son excusas.
“He demostrado cómo se cambian o cómo por lo menos intentan cambiar todo lo que son los informes de auditorías realizados a mi administración”, explicó Suárez.
Uno de estos casos es el proceso que se le lleva por la aprobación de los estatutos autonómicos en el que Suárez asegura que lo procesan con un informe de auditoría distinto al que se realizó en la ex prefectura de Beni.
“Han venido a tratar de modificarlo y es un delito flagrante y eso lo denuncié porque, imagínense, ésa es la instancia que se tiene que hacer cuando no están bien hechos los manejos”, dijo.
Según Suárez, algo similar sucede con la construcción de un camino en su departamento en la cual habrían existido irregularidades. La autoridad recordó que en ese caso ni siquiera él firmó los convenios referidos a esta obra.
“En el caso de la construcción de un camino, eso está en la justicia, está en proceso, ahí no firmó un solo documento, no firmó siquiera el convenio entre la Alcaldía de San Ramón en su momento. Distorsionan la información y he dejado a la Brigada Parlamentaria de Beni toda la información”, señaló.
El Gobernador dice que el MAS presiona al Contralor
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, pidió al contralor, Gabriel Herbas, que entregue los informes correspondientes sobre las auditorías que se hicieron en la entonces prefectura de Beni y que se realizan también en la Gobernación.
“Eso es lo que dice textualmente la nota del funcionario que entró a hacer las auditorías por el referéndum autonómico en el departamento de Beni. Lo presionaron dándole un informe de Santa Cruz para que lo firme y él respondió que no iba a firmar porque no era el documento que ellos habían sacado”, argumentó el gobernador beniano.
Suarez manifestó que no se opondrá a que la Contraloría realice su trabajo y que averigüen e investiguen en el marco de la ley.
“Modificar informes para que a uno se lo condene como corrupto por presiones políticas tiene que ser no solamente investigado, sino también tiene que ser sancionado”, aseguró.
OPOSICIÓN DENUNCIA PERSECUCIÓN
La diputada Norma Piérola y el diputado Adrián Oliva (PPB) denunciaron este jueves la “judicialización y linchamiento político” contra opositores y anunciaron procesos penales contra jueces y fiscales que fallen en contra de las leyes y la Constitución Política del Estado.
“Queremos denunciar al país la judicialización y el linchamiento político de opositores. En nuestras manos tenemos investigaciones que nos llegaron y realmente nos llama la atención cómo diferentes autoridades electas de la oposición están siendo procesadas por varios delitos que se les está sembrando”, dijo Piérola.
La diputada aseguró el ex prefecto y alcalde de Cochabamba y líder de su partido Manfred Reyes Villa tiene un proceso penal que se le inició por la adjudicación de un contrato de obra del 2004 con el puente de Tacambaya cuando el prefecto fue electo en abril de 2006 y él no pudo llevar adelante la obra.
GOBIERNO DICE QUE SON EXCUSAS
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, pidió a los gobernadores de la oposición asumir “de una buena vez” los procesos en su contra y no tratar de “marear” a la población acusando a las autoridades de Gobierno de querer sacarlos del cargo. Añadió que cada uno de los procesos que existen en su contra no es más que el efecto de sus anteriores acciones como funcionarios públicos.
“Hay que reiterarle al señor Cossío (gobernador de Tarija) que si uno siembra casos de corrupción, va a cosechar procesos”, señaló.
En la misma línea, el presidente del Senado, René Martínez, pidió a los opositores hablar con la “verdad en la mano” a la población y dejar de buscar argumentos para negar los procesos que existen en su contra.
“Dejemos de lado los escudos de pretextos de que a todo le llamamos ‘persecución política’. Hay autoridades que tenían el manejo, la responsabilidad de dineros públicos, de comportamientos que les permiten ser sujetos de proceso siempre y cuando en el ejercicio de sus funciones hayan cometido delitos y esto obedece a otras instancias, a las instancias de la administración de justicia en las cuales seguramente vamos a verificar”, afirmó Martínez.
QUERELLA CONTRA COSSÍO
El diputado y dirigente campesino Luis Alfaro anunció ayer una querella penal en contra del gobernador de Tarija, Mario Cossío, por un informe por 19 obras observadas en su gestión como prefecto y que llegó a estados judiciales en los que Alfaro resultó beneficiado.
“El viernes pasado la Corte Superior de Distrito de Tarija falló a mi favor en la petición de informe de 19 obras al Gobernador. La Corte dio un plazo de tres días hábiles, que se cumplieron el miércoles, y no se dio cumplimiento y por lo tanto hoy presentamos a la Corte de Distrito de Tarija una querella por incumplimiento de la orden judicial en contra del señor Gobernador “, dijo Alfaro.
El asambleísta aseguró que la decisión tomada para iniciar un nuevo proceso al gobernador tarijeño se la hace dentro de las atribuciones que tienen los asambleístas de fiscalización para poder transparentar la administración de las obras de diferentes barrios y comunidades.
El asambleísta explicó que se peleó durante dos años para lograr un fallo judicial y que nada tiene que ver con un golpe a la Gobernación como se querrá hacer ver.
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