El célebre 21060 cumplió un cuarto de siglo y persiste indemne. Según el Manual Historia de Bolivia de Carlos Mesa y José de Mesa, en agosto de 1985, Bolivia atravesaba una de las crisis más graves de toda su historia. La economía estaba totalmente fuera de control y en proceso de decrecimiento, la hiperinflación amenazaba llegar al 25.000% a fin de año, el aparato productivo estaba desmoronado y el poder adquisitivo de los sueldos en su punto más bajo, siete dólares mensuales era el salario mínimo.
Pocos gobiernos en la historia tuvieron que encarar un desafío de esa magnitud. El país requería respuestas inmediatas y efectivas a una crisis que por momentos parecía terminal en la economía con el desmoronamiento social consiguiente. No había mucho tiempo ni para las soluciones graduales ni para la expectativa y beneficio de la duda que le otorgaba la ciudadanía al nuevo poder ejecutivo.
NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA
El 29 de agosto de 1985, Paz pronunció un célebre discurso que se recuerda por su descarnado y veraz diagnóstico de la situación nacional. En una de sus frases de mayor efecto, dijo: “Bolivia se nos muere”. El mandatario se refirió así a tiempo de promulgar el Decreto 21060 que delineó la nueva era político-económica que daba fin al Estado que él mismo había contribuido a crear en 1952. En esencia, el Decreto buscó la estabilización monetaria y la derrota de la hiperinflación que, según el ministro de Planeamiento de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, no era la principal tarea sino la única a emprender.
LOS PADRES DEL 21060
La redacción del Decreto fue un trabajo contra reloj que tuvo que encararse en menos de un mes. Participaron en su diseño Sánchez de Lozada, Fernando Romero, Juan Careaga (que originalmente fue asesor del programa de Gobierno de Banzer, lo que llevó a los adenistas a pretender una paternidad sobre el 21060 que realmente tuvo quien lo hizo y lo aplicó), Eduardo Quintanilla y Francisco Muñoz. Participó como asesor, una vez aprobado el Decreto, el norteamericano Jeffrey Sachs que ganó prestigio internacional por este apoyo al proyecto estabilizador boliviano.
La medida provocó una huelga general de la COB que duró quince días (uno menos que el récord nacional que soportó Siles Zuazo). El Presidente decretó “Estado de Sitio” y confinó a más de 150 dirigentes en el norte del país, entre ellos al propio Juan Lechín.
El 21060 se lo puede resumir en seis puntos: 1).- Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, aumento del precio de la gasolina (YPFB cubrió así más del 50% de los ingresos del TGN) y reducción de gastos del estado; 2).- Cambio real y flexible de la moneda (desapareció el peso y renació el boliviano, con la reducción de seis ceros del viejo peso), creación del “bolsín” controlado por el Banco Central; 3).- Libre contratación, racionalización de la burocracia, en la práctica la llamada “relocalización” fue despido masivo de trabajadores, $).- Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, arancel único de importaciones, 5).- Fomento de las exportaciones, 6).- Reforma tributaria.
El mecanismo del bolsín fue una de las medidas más ingeniosas y acertadas de la estabilización, permitió una combinación entre el libre juego de oferta y demanda de dólares en el mercado subastados en el Banco Central y el control ejercido por éste a través de un respaldo permanente en divisas que fijaba diariamente el precio del dólar. Este sistema sustituyó las traumáticas devaluaciones periódicas y la insuficiencia de la flotación.
La reforma tributaria fue clave en este proceso pues redujo más de 400 impuestos a sólo siete básicos, entre ellos el IVA (impuesto al valor agregado), con lo que logró recuperar ingresos por impuestos que del 1% del PIB pasaron a casi el 10% en un cuatrienio. La disciplina tributaria y la recuperación de los ingresos por este concepto al erario fueron un paso muy importante para generar en el ciudadano responsabilidad con su país a través del mecanismo de impuestos. Por primera vez en cuarenta años, el Ejecutivo presentó el presupuesto general de la nación a consideración y aprobación del congreso, respetando las prescripciones constitucionales en este aspecto.
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