Con la elección directa de los alcaldes el 4 de abril no se garantizó la gobernabilidad en las alcaldías, porque apenas tres meses después de las elecciones, tres alcaldes han sido sustituidos y al menos seis enfrentan procesos judiciales que los expone al riesgo de salir, una situación que deja su impacto negativo en gestiones municipales que apenas comienzan. También se han visto afectadas concejales, como Ninozka Lazarte, en Cochabamba, y Desirée Bravo, en Santa Cruz. Ésta última llegó a ser detenida, acusada de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho activo.
Bravo calificó su detención como una acción política contra aquellos que no son del Movimiento Al Socialismo.
Los ediles afectados afirman que es una clara muestra de que los intereses políticos se anteponen a las necesidades de la población.
En Quillacollo, Punata y Sucre tuvieron que nombrar alcaldes interinos, mientras que en Buenavista, Camiri, Warnes, Potosí y Porvenir enfrentan procesos. A esto se suma la amenaza por la que atraviesan otras autoridades electas, como el caso de Tarija, donde por lo menos tres alcaldes están amenazados.
Una de las mayores preocupaciones de los municipios es el polémico artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías, según el cual se mantiene la suspensión temporal de un gobernador o de un alcalde con la sola acusación fiscal. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia teme que esto pueda ser una de las mayores fuentes de ingobernabilidad política local.
Los ediles aseguran que la administración municipal en las jurisdicciones en conflicto funciona a medias, porque no pueden dedicarse al trabajo a tiempo completo y más bien deben responder memoriales, asistir a audiencias cautelares y seguir el proceso conforme a ley, siendo que su labor debiera estar centrada en captar recursos y hacer obras.
Quillacollo fue una de las primeras alcaldías afectadas. El alcalde electo por Unidad Nueva Esperanza (UNE), Héctor Cartagena Chacón, apenas fue posesionado tuvo que salir del cargo. Ya estuvo internado en una clínica a consecuencia de la tensión que provoca todo el proceso judicial que se ha iniciado en la acusación que enfrenta por incumplimiento de deberes y desfalco de $us 105.000, supuestamente perpetrado por funcionarios que fungieron en su gestión de la década de los 90.
Eduardo Mérida, abogado de Héctor Cartagena, indicó que ahora su defendido se ha apartado de la esfera política y se defiende de los procesos, pese a que considera que son casos impulsados por el interés político. “No tienen fundamento, son inventados”, dijo.
Cinthya Fernández, concejala de UNE, el partido que postuló a Cartagena, aseguró que el órgano deliberante está polarizado, porque los cinco concejales del MAS buscaron aliarse al único representante de Frente para la Victoria, para encarar una oposición fuerte a UNE. Adelantó que el interinato de la alcaldesa Carla Lorena Pinto (MAS) se vence el 30 de agosto, después ella tendrá que responder también a procesos que le seguirán por haber aprobado modificaciones al plan maestro, cuyo presupuesto es de ocho millones de euros, monto para el cual la norma establece que se haga en el Concejo.
La Alcaldía de Punata también se ha visto perjudicada, porque el alcalde electo Víctor Balderrama tuvo que renunciar para enfrentar su defensa en los estrados judiciales, acusado de violación sexual, incumplimiento de deberes y daño económico.
A estos dos alcaldes se sumó la renuncia de Jaime Barrón el pasado lunes, que dejó el cargo por un hecho relacionado con La Calancha, que derivó en la humillación de campesinos el 24 de mayo de 2008, perpetrada por universitarios en venganza de los caídos. El incidente se dio cuando él era rector. Barrón tuvo que renunciar 32 días después de su suspensión y 107 días después de que fuera elegido alcalde con 57.854 votos, apoyo que no fue suficiente para mantener el sillón municipal.
Hay otros alcaldes que permanecen en sus cargos, pero enfrentan procesos ante la justicia. El alcalde de Buenavista, Bladimir Chávez, incluso quedó detenido por orden fiscal acusado de acarreo de gente y uso indebido de bienes públicos, pero recobró su libertad con medidas sustitutivas. El proceso se lo sigue el ex candidato por el MAS, Mario Áñez.
Bladimir Chávez señaló que estos hechos sólo entorpecen la gestión. “Todo es político, tienen la visión de tomar por la fuerza las alcaldías”, sostuvo.
El alcalde de Camiri, Luis Gonzalo Moreno, también tiene un proceso, acusado de haber omitido ilegalmente las gestiones del trámite correspondiente para obtener la consolidación de unos terrenos cedidos por YPFB.
El presidente Evo Morales, a tiempo de promulgar la Ley de Autonomías y Descentralización, se refirió al artículo que señala la suspensión temporal o definitiva de autoridades subnacionales electas, formalizadas o sancionadas por delito de orden penal. Ante sus seguidores dijo que los que rechazan esta norma dan a pensar que están cometiendo o han incurrido en alguna acción irregular.
Los líos alteran la rutina en las comunas
Los procesos judiciales no sólo quitan el sueño a los alcaldes, sino que perjudican en el trabajo que deben desempeñar. El alcalde de Buenavista, Bladimir Chávez, dijo que responder a todos los requerimientos judiciales demanda tiempo, por lo tanto, tienen que dedicar muchas horas a bucar la forma adecuada de defensa.
Al alcalde de Potosí, René Joaquino, se mantiene en el cargo, pero desde hace algunos días las audiencias por la compra de vehículos, supuestamente indocumentados, lo absorben. “Esto es día y noche”, subrayó.
Las protestas en Quillacollo, en Punata y en Sucre no se han dejado esperar, pues reclaman acciones. En Buenavista, este domingo realizarán un cabildo con la sociedad civil para tomar medidas al respecto y pedir que se deje trabajar al alcalde.
En Warnes, un municipio en el que el alcalde tiene tres concejales de su línea política, y otros cuatro de dos partidos, se temía que el alcalde Nyls Carmona enfrente denuncias. Él, sin embargo, asegura que no le ha llegado ninguna notificación, por lo tanto, está abocado al trabajo.
El alcalde de Camiri, Gonzalo Moreno, dijo que si bien ha escuchado sobre una imputación en su contra por terrenos supuestamente cedidos de forma irregular, no ha recibido ninguna notificación y afirma que todo de lo que se ha enterado ha sido por los medios de comunicación. De todas maneras, los abogados del municipio están tomando sus recaudos . Para Moreno, si llegara una acusación de ese tipo, cree que sería sólo por un afán político, porque dice que esos terrenos que cedió YPFB se vendieron en tres periodos y el dinero se invirtió en la construcción de la terminal camireña. “Daño económico, no existe. Me harían procesos por hacer el bien”, subrayó.
El asesor jurídico de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Yanko Terceros, apuntó que la mayoría de los alcaldes está de coordinación interna, buscando la forma de llevar adelante el trabajo. Muchos han estado moviendo la habilitación de sus firmas y revisando su presupuesto.
La ley se antepone a la CPE
Diego Ávila / Municipalista
El problema de gobernabilidad se acrecienta, porque hay una ley (Ley Marco de Autonomía), que no responde con la Constitución Política del Estado, que dice que una autoridad debe ser suspendida cuando el proceso que enfrenta haya concluido con la respectiva sentencia ejecutoriada. En este caso, esta ley quiere adelantar el proceso y genera renuncias con bastante facilidad, ante denuncias de la fiscalía. Ésta es una forma fácil de sustituir a las autoridades electas el 4 de abril, pero eso contradice totalmente a la Carta Magna.
La ley de Municipalidades justamente planteaba los puntos para la suspensión de las autoridades, pero obviamente la Constitución Política del Estado está por encima de cualquier norma. Creo que este aspecto de las denuncias es un problema serio que va a afectar en la gobernabilidad de los municipios.
Los hechos que se están observando en municipios como Sucre, Quillacollo, Punata, Buenavista y Camiri están mostrando problemas que se van a presentar si es que no se hace algo al respecto. En el caso de Tarija, lo que se conoce hasta ahora es que hay procesos que se están agilizando en tres municipios, entre los que está Entre Ríos.
Cuando hay inestabilidad en los gobiernos municipales afecta directamente a la gestión que deben encarar sus autoridades.
Alcaldes lejos del cargo
- Quillacollo. Se cambió al alcalde electo de Unidad Nueva Esperanza (UNE), Héctor Cartagena Chacón, y se puso en el cargo a Carla Lorena Pinto Bustamente, del MAS. El ex alcalde enfrenta un proceso por incumplimiento de deberes y desfalco de $us 105 mil perpetrado por funcionarios suyos cuando fungía como alcalde en los años ‘90. Además. La ex autoridad se defiende fuera del escenario político.
- Punata. El alcalde Víctor Balderrama renunció porque tenía dos pliegos acusatorios, uno por violación sexual y el otro por incumplimiento de deberes y daño económico.
- Sucre. Jaime Barrón presentó renuncia irrevocable a la Alcaldía. Ejerce como alcaldesa interina, Verónica Berríos, del MAS. Barrón fue suspendido de su cargo el pasado 17 de junio tras pesar en su contra procesos judiciales sobre acusaciones de racismo y discriminación, debido a que supuestamente el 24 de mayo de 2008 participó de los actos de humillación y agravio contra más de una veintena de campesinos de Chuquisaca en plena plaza principal de Sucre. Otro de los cargos en contra de Barrón es que, al ser presidente del Comité Interinstitucional, promovió que grupos de choque impidan el ingreso del presidente Evo Morales a Sucre en mayo de 2008.
- CPE (art. 286). I. La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo corresponderá a un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico o Carta Orgánica según corresponda. II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato.
En Procesos
- Buenavista. El alcalde Bladimir Chávez está acusado de acarreo de gente y uso indebido de bienes públicos. El juez de Buenavista, Simón Alarcón, determinó una fianza de Bs 20 mil, además del arresto domiciliario, aunque puede cumplir sus funciones públicas de 7:00 a 19:00 en días laborales. La ex autoridad estuvo detenida, pero ahora se defiende con medidas sustitutivas. El proceso se lo inició el ex candidato por el MAS, Mario Añez. Hoy está previsto que se realice en Buenavista un cabildo en apoyo al respeto del voto popular y para que el pueblo se pacifique.
- Camiri. El alcalde Luis Gonzalo Moreno García, y otros cinco funcionarios de ese gobierno municipal están acusados de haber omitido ilegalmente las gestiones del trámite correspondiente para obtener la consolidación de unos terrenos cedidos de forma gratuita por YPFB al municipio de Camiri. Además, los acusan de proceder al cambio de uso de suelo sin cumplir las formalidades exigidas por ley logrando una titulación irregular y de haber omitido las gestiones para el trámite correspondiente ante el Congreso Nacional y mediante una ley de la República poder disponer legalmente mediante remate público de los terrenos de la Alcaldía de Camiri.
- Pando. El alcalde Regis Richter, de la agrupación Consenso Popular (CP), fue acusado de falsedad ideológica por la ex candidata a alcaldesa por el MAS, Magda Kerdy, que asegura que la autoridad edil habría inscrito su candidatura cuando ni siquiera vivía en dicha localidad. Apostó por una salida pacífica con el partido oficialista y sigue en funciones, pero estuvo detenido.
- Cochabamba. La concejal Ninoska Lazarte corre riesgo de ser suspendida debido a que no probó las denuncias de supuestas irregularidades realizadas en torno al proceso de ‘carnetización’.
- Potosí. El alcalde René Joaquino y seis ex concejales están procesados una supuesta compra irregular de autos usados.
- Misque. Una denuncia contra el alcalde Johnny Pardo por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado. Está en etapa de inicio.
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