El Gobierno pretende que los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Tarija, Mario Cossío, no sean posesionados en sus cargos el próximo 30 de mayo si la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales Autónomos que presentó el Ejecutivo.
La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó ayer que, por el artículo 8 de esa propuesta, esas autoridades no podrán asumir sus funciones porque tienen imputación y acusación formal en su contra, por lo que quedarían suspendidas. “Así es”, respondió cuando fue consultada por radio Erbol si estos gobernadores que tienen imputación o acusaciones formales en su contra no podrían jurar ni sumir sus cargos.
“En el caso de Cossío —dijo—, tiene cuatro imputaciones formales, estamos a la espera de la autorización de la Asamblea Legislativa para seguir el proceso (...) En el caso de Costas, hay dos procesos pendientes en el distrito judicial de Santa Cruz”.
Costas, según la ANF, afirmó que este proyecto de ley sólo busca distraer a la ciudadanía sobre los conflictos que atraviesa el Gobierno y aseguró que asumirá su cargo según establece la Ley 4021 (transitoria del Régimen Electoral).
“Nadie va a poder inhabilitarme, nadie va poder parar, ni nadie va poder detener que se cumpla el mandato del pueblo, ese mandato que me convierte nuevamente en la primera autoridad departamental”.
La Ministra indicó que sólo el gobernador electo del Beni, Ernesto Suárez, quien hasta ahora sólo enfrenta denuncias, no tendrá problemas para jurar a su cargo, porque su caso está en investigación.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, acerca del anuncio de su colega de Transparencia, dijo que no conoce en detalle el estado de los procesos legales de esas tres autoridades, pero precisó que “si hay una acusación formal, esto ya implica que estarían con suspensión temporal” sin necesidad de jurar al cargo.
La afirmación de Suxo se contradice con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien el pasado viernes aclaró que “los gobernadores y alcaldes electos están obligados a pedir licencia en caso de tener una causa judicial abierta en su contra, aunque si bien la misma no impedirá el juramento de los electos”.
El artículo 8 del proyecto de Ley Transitoria propuesto por el Órgano Ejecutivo señala que los gobernadores que enfrenten una acusación formal en su contra serán suspendidos temporalmente de sus cargos para que asuman su defensa legal.
De los nuevos gobernadores electos el 4 de abril, Costas, Suárez y Cossío enfrentan denuncias por la supuesta malversación de fondos en la realización de referendos autonómicos en sus regiones cuando eran prefectos, y otras querellas por supuestos hechos de corrupción.
Jorge Limpias, asambleísta departamental por la agrupación Verdes que lidera Costas, afirmó que el ex Prefecto cruceño no enfrenta ninguna acusación formal.
“La Ministra no puede esconder su deseo de deshacerse de don Rubén Costas, el MAS lo único que ha hecho con esta ley transitoria es demostrar eso, que quieren aprobar un instrumento jurídico para descabezar a los tres gobernadores opositores”.
Rubén Costas señaló que nadie podrá detener el “mandato del pueblo”.
Insisten en que se vulnera la CPE
Expertos en leyes insisten en que el artículo 8 del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiero Departamentales Autónomos vulnera la Constitución Política.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar, dijo que se incurre en una inconstitucionalidad, ya que el artículo 28 de la CPE indica que los derechos políticos de los ciudadanos se suspenden sólo cuando existe una sentencia ejecutoriada.
Similar posición emitieron el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, y el constitucionalista Gabriel Peláez. El ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón indicó que desvirtúa los conceptos de autonomías porque son las asambleas departamentales las que deben definir de aquí en adelante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario