04 julio 2016

Las políticas públicas respecto al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI)



Se considera importante y fundamental que los gobiernos autónomos municipales, en el proceso de formulación del PTDI, más allá de la normativa legal, se basen y tomen en cuenta políticas públicas, considerando que estas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios.

A partir de la Ley 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), en el Estado Plurinacional de Bolivia se implementa una nueva alternativa o forma de planificar el destino de las regiones y su sociedad a mediano plazo, dejándose de lado los Planes de Desarrollo Municipal y dando lugar al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).

Este solo hecho invita a realizar un análisis profundo que está lleno de interrogantes: ¿Los PDMs habrán sido elaborados adecuada y oportunamente?, ¿no fueron ejecutados como corresponde?, ¿no contribuyeron al logro de los resultados, objetivos y metas, o como en muchos casos ni siquiera fueron elaborados? Aparentemente, para algunos municipios, no fue la herramienta adecuada para diseñar su propio horizonte y, como era lógico, muchos obtuvieron resultados poco expectantes y beneficiosos, generando descontento en la sociedad.

Esta realidad tiene que desembocar en una reflexión para todos los municipios considerando que es fundamental desarrollar programas, acciones y decisiones a partir de una buena planificación, organización y una administración transparente que permita satisfacer las necesidades y requerimientos de su sociedad, fundamentalmente de bienes y servicios, para lograr una gestión pública eficaz, eficiente y transparente, que es lo que espera —y desea— la sociedad.

En la actualidad, los 339 municipios del Estado plurinacional vienen trabajando en la formulación de sus PTDI; lo lógico sería hacerlo adecuadamente, con la participación de la sociedad, identificando sus debilidades y problemas y estableciendo y definiendo soluciones a corto y mediano plazo, ejecutando los planes como corresponde y no dejarlos de lado y en el olvido.

Para ello se considera importante y fundamental que los gobiernos autónomos municipales, genuinos representantes de su territorio y legítima expresión mayoritaria de los intereses generales de la sociedad, en el proceso de formulación del PTDI, más allá de la normativa legal, se basen y tomen en cuenta políticas públicas, considerando que estas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que, al final, las soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias.

Palumbo sostiene que la política pública casi siempre busca forzar o imposibilitar que la gente haga cosas que, de otro modo, no haría, confirmando así la influencia en el cambio de conducta de aquellos que le toca ajustarse a la política; de esta manera se marcan rumbos en la sociedad.

Desde una perspectiva de la sociedad civil, las políticas públicas son relevantes ya que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población. La visión que se requiere enfatizar aquí es una de tipo instrumental, haciendo hincapié en que son “medio para” la resolución de los problemas sociales y que sin duda existen en todas las regiones, pero ante todo es un medio para construir de forma conjunta un mejor futuro para la sociedad.

Según Unicef, Chuquisaca está entre los departamentos con menor desarrollo humano, con problemas en educación, salud, servicios básicos, vivienda y otros, lo que debería preocupar pero ante todo motivar a los gobiernos municipales a formular políticas públicas que den respuesta y atención inmediata, o a mediano plazo, a estos sectores vitales para el desarrollo humano y de sus regiones. Además, es importante que los PTDI estén articulados a los planes departamental y nacional para optimizar los medios y los recursos económicos. Y la sociedad en su conjunto debe participar en su formulación.

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