17 junio 2011

Ministro Romero ratifica que el Gobierno no ha cerrado las puertas del diálogo

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ratificó el viernes que el Gobierno no ha cerrado las puertas del diálogo a los transportistas que decretaron un paro indefinido desde el lunes, exigiendo la anulación del decreto de renovación futura del parque automotor.

En una entrevista con una televisora local, Romero recordó que su colega de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, ha realizado muchas gestiones para que el conflicto se resuelva en el ámbito del diálogo.

"La medida de los transportistas es preocupante porque el Gobierno nunca ha cerrado las puertas al diálogo, el ministro Delgadillo estuvo agotando gestiones para que se resuelva este conflicto en el ámbito del dialogo", remarcó al recordar que paralelamente una comisión de la Cámara de Diputados tomó la iniciativa de acercar a las partes.

Romero argumentó que en esa vía es posible encontrar alternativas que permitan acercar las posiciones y encontrar convergencias, además, ratificó que el diálogo podría solucionar las observaciones de ese sector al decreto de renovación del parque automotor que, a su juico, es provisional y podría resolverse incorporando las modificaciones en el proyecto de la Ley de Transporte que se debate en la Asamblea Legislativa.

"En ese sentido veíamos con muy buena expectativa el encuentro de ayer, pero cuando el sector de los transportistas se cierra a debatir a decir anulan la medida o nada, es una suerte de posición de chantaje, de posición de fuerza corporativa de carácter político", explicó.

En esa dirección, pidió que se agoten todas las posibilidades de diálogo y consideró que en ese debate se podrían abordar "esos y otros contenidos", para resolver el conflicto y no afectar a la población.

El ampliado de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia (CSCHB) determinó el pasado miércoles convocar a un paro nacional indefinido movilizado, desde el lunes, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo que proyecta sacar de circulación -desde el 2018- los vehículos de transporte público con una antigüedad mayor a 12 años.

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