Acorralado está el gobernador de Tarija, Mario Cossío. A la imputación formal de la Fiscalía General por administrar el referéndum por los estatutos se sumó ayer al pedido de la reposición de un juicio de responsabilidades en la Asamblea Plurinacional y la inclusión de una interpelación en la Asamblea Departamental y su suspensión puede venir por cualquiera de las 18 denuncias.
Para Cossío se trata de “una persecución política” ejecutada por funcionarios del Ministerio Público y el Órgano Judicial, sin embargo aclaró que todas las acciones fueron ejecutadas cumpliendo la Ley y por tanto adelantó que iniciarán procesos contra aquellos que violen las normas.
El presidente de la Brigada Parlamentaria en Tarija, José Yucra, del MAS, recordó que ya existe una imputación formal por malversación de fondos contra el Gobernador tarijeño, que se encuentra en el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General, que sólo debe remitir obrados a la Asamblea Departamental.
El artículo 8 de la Ley Transitoria de Autonomía, establece que "el Gobernador será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones, cuando pese sobre él una acusación formal en materia penal, luego de concluida la investigación.
El diputado Yucra también pidió mediante una carta al vicepresidente, Álvaro García Linera, que reponga el tratamiento de autorización para un juicio de responsabilidades contra el ex prefecto y actual Gobernador de Tarija por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución.
investigación. “Por alguna razón desconocida el Senado, que estaba en manos del oficialismo, no dio curso a este pedido y el tema se lo dejó en el olvido”, dijo el parlamentario Yucra explicando que la Corte Suprema de Justicia, en abril del 2009, remitió al Congreso Nacional el requerimiento acusatorio del Fiscal General para que autorice iniciar un juicio de responsabilidades contra Cossío pero no próspero.
otros procesos. Sin embargo, el gobernador tarijeño no sólo enfrenta una imputación por el delito de uso irregular de Bs 5.645.585 en el referéndum autonómico sino también tiene otras 17 denuncias por irregularidades en diferentes obras como la acusación por la adquisición de cemento asfáltico denominada “Imbol Sur”, que terminó para Cossío en la anotación preventiva de sus bienes y también en el caso de la piscina de la Villa Olímpica hay un testigo clave que implica a Cossío.
buscan la suspensión. Para el asambleísta departamental de Cossío, Sergio Reyes, el MAS intenta por todos los medios suspender al Gobernador y aunque aclaró que no permitirán esta acción, sostuvo que ya se aprobó en el reglamento de debates de la Asamblea Departamental el artículo 40 donde establece la posibilidad de interpelar al Gobernador. explicando que ésa viene con la posibilidad de remoción o censura.
El jefe de la bancada de MAS, Marcelo Poma, se defendió aclarando que se aprobó un artículo para que el Gobernador, como cualquier otro funcionario, tenga que rendir los informes correspondientes y negó que eso signifique la remoción.
El MAS tiene once asambleístas al igual que la agrupación de Cossío, pero tienen mayoría por el apoyo de 5 de PAN por una alianza con Wilman Cardozo y 3 indígenas.
En la mira
Rubén Costas. El Gobernador cruceño tiene un proceso por administrar el referéndum por los estatutos autonómicos el 4 de mayo del 2008. Se lo acusó de la malversación de fondos de Bs 10.061.239. Costas tiene arraigo y pagó una fianza de Bs 100 mil. El vicepresidente Álvaro García Linera y el fiscal Marcelo Soza lo demandaron por desacato.
Ernesto Suárez • El Gobernador del Beni fue acusado de malversación de fondos por gastar Bs 3.319.060 en el referéndum por los estatutos autonómicos. El juez cautelar, Carlos Alberto Egüez, dispuso su arraigo y le fijó una fianza de Bs 250.000 que lo obligó a poner su casa como parte del pago. Hay otras denuncias de irregularidades y tráfico de influencias.
Los frentes
1 • Imputación formal de la Fiscalía General por malversación de fondos.
2• Reposición del juicio de responsabilidades contra el Gobernador.
3 • La aprobación en el reglamento de debate de la Asamblea Departamental la posibilidad de interpelar al Gobernador. Para la oposición puede tener la remoción del cargo.
punto de vista
EDWIN ROJAS
Pdte. del Colegio de Abogados
‘Con acusación hay suspensión’
En la Constitución vigente los prefectos no gozan del fuero del juicio de responsabilidades sino de la justicia ordinaria y común excepto el Presidente y Vicepresidente, convirtiéndose en la gran desigualdad porque lo lógico, lo justo y lo legítimo es que a todas las autoridades democráticamente elegidas le den ese fuero del juicio de responsabilidades, pero actualmente adolece esa falla.
Ahora si se refieren a un juicio en la anterior Constitución se inicia por la proposición acusatoria que la hace el Fiscal y luego se remite a la Corte Suprema que lo remite a lo que era el Congreso para la autorización del juicio. Una vez autorizado por el Poder Legislativo pasa el expediente a una de las salas penales para la etapa preparatoria que termina con un sobreseimiento del Fiscal o con una acusación, según haya o no haya prueba, pero no hay suspensión durante la investigación; sin embargo, ahora con una acusación según la Ley de Transición Autonómica sí hay suspensión.
entrevista
Mario Cossío
Gobernador de Tarija
‘La Fiscalía y el Poder Judicial abusan de sus cargos para perseguir’
El ex prefecto y ahora Gobernador dijo que el Referéndum fue convocado de acuerdo a Ley.
¿Cómo responde a la imputación por el referéndum autonómico?
El Gobierno Departamental de entonces como en este momento actuó absoluta y estrictamente ceñido a las leyes de la República y la Constitución. Quiero recordar que el referéndum es una figura establecida en la CPE, que le otorga a los ciudadanos la posibilidad de que por iniciativa ciudadana, levantando firmas pidan la realización de un referéndum, esto es lo que ocurrió. La población suscribió libros y le pidió a la Corte Electoral que administre este proceso, el proceso fue administrado por la Corte Electoral, los recursos para la administración de este proceso se encontraban aprobados en la Ley Financial aprobada cuando el actual Contralor era diputado por el MAS.
¿Cuál es el objetivo de procesarlo?
Esto se trata de una acción más de carácter político, de judicialización y de persecución política a los que no son de la línea del Gobierno, el Gobierno quiere ser padre de la autonomía y apropiársela, pero quiere encarcelar a los autonomistas, no tiene más remedio que aceptar la autonomía, un proceso irreversible pero lo que nunca terminaron de admitir es que esa autonomía fue conquistada por los pueblos y hoy está a la búsqueda de los líderes de estos pueblos.
¿Cómo ve a las autoridades que investigan el caso?
Esta acción política está siendo instrumentada por autoridades que están abusando del ejercicio de sus cargos para perseguir a los autonomistas, el caso del Contralor General, quien era diputado del MAS y presidente de la comisión de Economía y Finanzas de la Cámara de Diputados y cuando él era presidente se aprobó la Ley Financial de donde se gastó para el referéndum, posteriormente –el actual Contralor- fue sacado de la Cámara de Diputados para convertirlo en Contralor y a partir de ese día está cumpliendo su tarea de persecución política.
¿Tiene algún temor?
Nos preocupa que algunos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial están empezando a subordinarse frente a estas presiones y quiero señalar con mucha contundencia que el Gobierno de Tarija ha decidido también iniciar acciones legales frente a quienes estén actuando al margen de la ley y solamente para complacer presiones de carácter político salidas de la legalidad.
¿Contra quién serán estas acciones legales?
Vamos a asumir con toda convicción las acciones y la defensa que corresponda en todos los escenarios para demostrar que toda acción asumida fue absolutamente apegada a la ley y vamos a trabajar para defender la voluntad soberana de un pueblo que decidió ser autónomo y que eso lo manifestó a través de las urnas de manera democrática.
Resulta una contradicción burda que hoy se hable del surgimiento de una Bolivia autonómica, pero al mismo tiempo, se niegue al propio proceso que dio nacimiento a las gobernaciones en el país y que además generó a un estatuto que fue reconocido en la nueva CPE porque los estatutos están reconocidos, aquellos que fueron aprobados.
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