La diputada de Unidad Nacional Elizabeth Reyes aseguró ayer, en conferencia de prensa, que su partido se constituirá en parte de un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el comandante de la Policía, Óscar Nina, además de las personas que permitieron que los familiares de los policía linchados en los ayllus de Uncía firmaran un documento en el que expresan su decisión de no enjuiciar a los responsables del asesinato de cuatro efectivos en Uncía, Potosí.
La diputada está convencida de que las autoridades del Gobierno son responsables y cómplices de lo que pasa en el país, ya que cualquier bolivianos puede entender lo que significa firmar un documento de desistimiento con los asesinos. Añadió que sólo en este país se permite eso.
“El país ha sido testigo del abuso de algunos delincuentes que en nombre de justicia comunitaria han cometido atrocidades como es el caso del asesinato de los policías en los ayllus de Uncía y hemos visto cómo las familias han suplicado y rogado para que el Gobierno actúe en la devolución de los cuerpos”.
Criticó el hecho de que el Gobierno felicite la devolución de los cuerpos para lo que nada hizo y también reprochó la falta de iniciativa al dejar que se produzca un nuevo atropello que sufrieron las familias al ser obligadas a firmar un documento para no investigar y denunciar el hecho.
UN pide que la Policía intervenga de forma inmediata en la zona y se quede mientras el Ministerio Público hace las investigaciones hasta dar con los culpables. Además pidió que, de ninguna manera, se acepte que las autoridades tomen el caso como justicia comunitaria, ya que el acto no es más que un asesinato vil y cruel.
La diputada preguntó a los administradores de justicia y al Gobierno ¿desde cuándo en el país los asesinatos se negocian?, y si los bolivianos y bolivianas aún cuentan con derechos humanos, pues no se sabe si el Estado protege los derechos de todos.
Opiniones
“Hay un descontento de los pueblos indígenas pobres con el Estado. Me da la impresión de que cualquier Gobierno hubiera fracasado, porque tiene que imponer la ley y esas regiones campesinas han tenido poca presencia del Estado. Hubo una actitud poco conducente a la paz por algunas autoridades y una actitud arrogante con la que han querido imponer el orden, la ley y la presencia del Estado; perjudicó la negociación. (El Defensor fracasó) por su inexperiencia en el cargo y su actitud arrogante en un escenario de diálogo con los comunarios”.
Carlos Cordero / Analista político
“Éste es un mensaje claro que los ayllus han dado a este Gobierno, que no puede hacer lo que éstos han demandado, como es la complementariedad de opuestos, o sea ocuparse de los casos de ambos bandos. El Defensor no tuvo una vinculación directa en las negociaciones porque los ayllus no lo invitaron. Los ayllus estaban funcionando en la lógica de que todo acto tiene que hacerse bajo consulta. Ahí se ve que había un conflicto entre una persona de origen metodista y la Iglesia Católica que quiere hegemonía en esa zona indígena”.
José Mirtenbaum / Sociólogo y analista
“El Gobierno está jugando a una doble moral, una doble forma de acción. Es muy crítico y duro con los adversarios políticos que ha identificado completamente y es complaciente y débil con actores sociales que considera que están dentro de los sectores que lo respaldan. Para que participe en esas gestiones, habría que preguntarle al Defensor del Pueblo si tenía la capacidad de ofrecer algo en las negociaciones. Creo que absolutamente nada y por esa razón ha demostrado su debilidad a la hora de ser un defensor público”.
Carlos Hugo Molina / Analista
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