El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, confirmó el martes en Santa Cruz que cuenta con la visa para Chile y anunció su viaje para el 25 de mayo, con el objetivo de hacer seguimiento a la situación jurídica de los nueve ciudadanos bolivianos encarcelados en ese país.
"Institucionalmente el viernes nos han dado visa a la Defensoría del Pueblo, para poder acudir allá, esta visa es por lo que queda para el mes de mayo y vamos a ver si se cumplen los derechos de los procesados, el debido proceso y que se respeten las garantías procesales", explicó a los periodistas.
Tezanos Pinto dijo que el objetivo de su viaje era estar presente en la audiencia que estaba programada para el 25 de mayo, sin embargo, la misma fue postergada hasta el 20 de junio.
Aclaró que más allá de esa modificación seguirá de cerca la situación de los siete funcionarios de Aduana y dos policías bolivianos, que fueron detenidos el 22 de marzo pasado, mientras realizaban tareas de lucha contra el contrabando en la frontera boliviano-chilena.
23 mayo 2017
Bolivia continuará con denuncias por los 9 detenidos pese al proceso abreviado
Bolivia continuará denunciando en espacios internacionales el caso de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en Chile en un incidente fronterizo, incluso si avanza la figura del proceso abreviado en ese país, anunció el ministro de Justicia, Héctor Arce.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, informó este lunes que el Ministerio Público de su país y la defensa de los nueve bolivianos llegaron a un principio de acuerdo y analizan un procedimiento abreviado en este caso.
“Debemos terminar con esto lo antes posible, pero esto no significa que Bolivia deje de reclamar en todas la instancias internacionales y todos los mecanismos que hemos venido trabajando hasta la actualidad”, afirmó la autoridad boliviana en declaraciones al canal estatal Bolivia TV.
Respecto a la posibilidad de optar por el proceso abreviado en lugar del juicio oral, Arce afirmó que es una “situación que está siendo analizada con los familiares como en los niveles del Estado”
“Reiteramos y ratificamos que este no es un tema de nueve personas, de nueve detenidos como injustamente nos califican alguna autoridades chilenas, es un tema de una ofensa del Estado chileno en contra del Estado boliviano. Aquí hay un agravio de Estado a Estado”, agregó.
Arce consideró que el proceso ha sido erróneamente judicializado por las autoridades del vecino país y que pudo haber sido resuelto en el marco de la cooperación y el entendimiento entre los dos países.
“Lamentamos la actitud poco colaborativa del Gobierno de Chile. Nos llama la atención también que sea el canciller Muñoz quien haya dado a conocer esta situación, ellos han venido reiterando que hay una independencia de poderes en Chile, pero no sabemos a qué obedecerá que un representante del Órgano Ejecutivo se refiera una situación que supuestamente se lleva a cabo en órganos independientes”, cuestionó.
De acuerdo con la legislación chilena, un proceso abreviado es una alternativa al juicio oral cuando el imputado, en acuerdo con la Fiscalía, acepta expresamente los hechos de la acusación. En este caso el Ministerio Público deberá solicitar una pena inferior a los 5 años, por lo que el juez de garantía no podrá aplicar una sanción mayor.
El presidente del Senado boliviano, José Alberto Gonzales, anticipó que la audiencia a la que hizo referencia Muñoz había sido diferida hasta el 20 de junio. (23/05/2017)
Empresarios cruceños critican los cupos y la carga salarial
En la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), distintos actores de la economía cruceños plantearon los pasos para lograr un crecimiento sostenido de la región y del país.
Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, remarcó que las pesadas cargas salariales son un freno para un pleno desarrollo.
Similar criterio tuvo Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz.
Barriga lamentó que los cupos en las exportaciones y los incrementos salariales hacen que muchas empresas cierren o que trabajen de manera precaria.
Jorge Arias Lazcano, titular de la Cainco, destacó el aporte cruceño al desarrollo del país y pidió al Gobierno mayores incentivos para lograr una mejor diversificación de la oferta nacional.
Video Dictan 10 años de prisión a Gabriela Zapata
En un proceso que se extendió por cerca de 18 horas, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 10 años de prisión a la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata Montaño, por los delitos de legitimación de ganancias, contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
También fueron condenados la exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia Cristina Choque, a cuatro años de prisión, y el chofer del Ministerio de la Presidencia Jimmy Morales, a tres años de cárcel.
En medio de sollozos, Gabriela Zapata pidió al Tribunal Primero de Sentencia que la declare inocente. Eran las 0:43 de hoy y el corolario de una jornada extensa en el último día del juicio por ganancias ilegítimas que había empezado el 17 de marzo.
El Ministerio Público pidió al inicio del juicio pena privativa de libertad de 10 años de cárcel para la exejecutiva de la CAMC por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Vestida con un traje beis, crema y blanco, la ex pareja presidencial acudió a las 9:05 al edificio judicial, en el lugar ya estaban los otros cinco coacusados que acompañaron este proceso desde que estalló el escándalo, en febrero de 2016.
Al inicio de la audiencia Zapata clamó por una sentencia ‘justa’ porque, según ella, sus derechos ciudadanos fueron vulnerados y no le permitieron presentar su versión sobre el origen de sus bienes.
Procedimiento
La Fiscalía fue la primera en hacer uso de la palabra y utilizó más de dos horas para justificar su acusación contra cada uno de los acusados, Gabriela Montaño, Cristina Choque Espinoza, ex directora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales Cuba, chofer del Ministerio de la Presidencia; Ricardo Alegría Sequeiros, supuesto socio de la exgerenta de la CAMC; Carlos Ramírez Aramayo, también figura como supuesto socio de la expareja del presidente, y Wálter Zuleta Buitrago, abogado defensor en la primera etapa del juicio contra Zapata.
Hasta el mediodía los dos fiscales justificaron sus acciones, pero dejaron grandes vacíos. El Ministerio de la Presidencia inició sus alegatos y el tribunal determinó el primero de los cinco cuartos intermedios que tuvo la maratónica audiencia.
Por la tarde presentaron sus alegatos los ministerios de la Presidencia y de Justicia y solo el abogado de la segunda cartera de Estado, Noel García, dijo que el patrimonio total de Zapata ascendía a más de Bs 8 millones, aunque no dijo de dónde salió ese monto.
La defensa la inició el equipo jurídico de Gabriela Zapata, y el abogado Jorge Castillo encontró la primera fisura legal, dijo que todos habían sido acusados por asociación delictiva, pero solo dos, su cliente y Marvin Ramírez, terminaron acusados por ese delito.
Asimismo, refutó la legitimación de ganancias porque, a su juicio, no existe ningún informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre los manejos económicos y que una legitimación se debía probar con una auditoría forense, lo que nunca sucedió.
Por su lado, Jorge Torrico Tapia, otro de los abogados de Gabriela Zapata, calificó de “pésima” la investigación del Ministerio Público porque no demostró que existan las ganancias ilícitas ni permitió que se haga una pericia al origen de la fortuna de su defendida.
El abogado insistió en que la Fiscalía no demostró el delito previo, requisito necesario para indicar el delito de legitimación de ganancias ilícitas. “Qué ganancia ilícita vamos a sancionar si no se ha demostrado el delito previo, ¿dónde se ha generado el dinero mal habido? No se ha demostrado”, cuestionó.
La abogada de Cristina Choque, Martha Requena, fue la que más tiempo utilizó en la defensa y demostró que gran parte de los 127 testigos de la Fiscalía no conocían a su defendida, lo que debía generar dudas en el tribunal.
Otro receso
Con evidente signo de cansancio el tribunal declaró el tercer cuarto intermedio y pidió a los presentes acomodarse para escuchar a los restantes defensores, y al reanudar la sesión los fiscales no se presentaron a tiempo.
Después de la abogada Requena correspondió el turno del acusado Jimmy Morales, chofer del Ministerio de la Presidencia, cuya defensa, a cargo de una abogada de Defensa Publica, casi en seguida desnudó un supuesto error de los fiscales: Nunca presentaron los reportes de llamadas entre los presuntos socios, pese a que los teléfonos fueron incautados el mismo día de su detención.
El turno fue de la defensa de Ricardo Alegría, cuyo abogado precisó que su cliente no fue reconocido por ninguno de los testigos de cargo de la Fiscalía; además, afirmó que no se podía acusar de asociación delictiva porque todos los actos de su cliente fueron públicos e hizo depósitos de dinero que eran la deuda de su cliente a Gabriela Zapata por una edificación inconclusa.
La defensa de Marvin Ramirez admitió la relación de su cliente con Zapata y relató que era de hace varios años y que las fotografías mostradas por la fiscalía es en Paraguay y que en esa nota periodística no se cita a ninguno de los acusados.
Incluso el fugado abogado Wálter Zuleta contó con un defensor público, que durante su intervención mencionó que por los propios testimonios su defendido había visitado las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia (UAGS) en su calidad de dirigente deportivo.
Zuleta es procesado en rebeldía porque se encuentra en Perú desde el año pasado, donde tramita un refugio político.
PASO A PASO
Los antecedentes del caso
1 Denuncia. El 3 de febrero de 2016 el presentador de televisión Carlos Valverde denuncia la relación que existía entre la gerenta comercial de la empresa China CAMC, Gabriela Zapata, y el presidente Evo Morales. La compañía tenía contratos con el Estado por más de $us 400 millones.
2 Demanda. El representante jurídico de CAMC en Bolivia, Fernando Cortez, anunció el 12 de febrero de 2016 que iniciará una querella en contra de Valverde.
3 Rechazo. El 16 de febrero la Fiscalía de La Paz rechazó la querella iniciada por Zapata en contra de Valverde porque no correspondía la figura jurídica.
4 Detenida. El 26 de febrero la Policía aprehende a Gabriela Zapata. Hubo denuncia de la Unidad de Investigación de Fortunas y del Ministerio de Transparencia.
5 Encarcelada. El 28 de febrero del año pasado, la jueza cuarto de instrucción en lo penal de La Paz, Margot Pérez, determinó la detención preventiva de Gabriela Zapata en la cárcel de Obrajes. El 24 de marzo es trasladada al penal de Miraflores.
Se juegan tres vías jurídicas para liberar a los presos en Chile
Hay cuatro probabilidades jurídicas para los nueve funcionarios bolivianos detenidos en el penal de Alto Hospicio, en Chile. Tres de ellas son favorables —con diferentes alcances— y el equipo trabaja para lograr la mejor salida legal. El jueves se desarrollará la audiencia para conocer si los servidores siguen recluidos en el vecino país.
El abogado chileno Claudio Vila, que es parte del equipo que defiende a los nueve bolivianos, explicó que en la audiencia puede haber reconocimiento de los hechos de ambas partes y concentrar la discusión en el marco jurídico de la territorialidad.
“Hay una tentativa de contrabando. El camión y la carga están hoy decomisados por la Aduana chilena”, remarcó Vila.
El jurista, sobre las salidas legales, señaló que existen tres probabilidades a favor de los nueve funcionarios: que el juzgado dicte un procedimiento abreviado del juicio, que dicte la suspensión condicional del procedimiento y, en el peor de los casos, una pena menor y así los servidores podrán ser expulsados del país vecino.
En los dos primeros casos se puede dictar un arresto domiciliario hasta que el procedimiento sea resuelto.
El defensor del pueblo, David Tezanos, señaló que el Arzobispado de Iquique ofreció alojamiento para los bolivianos, en caso de que el juzgado dicte detención domiciliaria.
Desde el 19 de marzo nueve funcionarios bolivianos están detenidos en Chile. Fueron arrestados por carabineros mientras combatían el contrabando en la frontera.
Postergan al 20 de junio audiencia de los 9 detenidos
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó que la audiencia para los nueve ciudadanos detenidos en Chile fue postergada hasta el 20 de junio. Inicialmente estaba prevista para este jueves.
"Nosotros esperábamos que los bolivianos detenidos en Chile pudieran pasar el Día de la Madre acá en el país, esa posibilidad ha sido desechada, porque lamentablemente la justicia chilena ha decidido postergar hasta el 20 de junio la audiencia", explicó en conferencia de prensa.
La defensa interpuso un recurso de cesación o modificación a la detención preventiva que fue dictada contra los dos militares y los siete funcionarios de la Aduana. Suman 64 días desde que fueron capturados en la frontera, durante un operativo de lucha contra el contrabando.
El canciller Fernando Huanacuni anticipó el fin de semana que una comisión de autoridades bolivianas se debía trasladar al juzgado de Pozo Almonte para acompañar la audiencia. Los nueve bolivianos permanecen en Chile desde el 19 de marzo.
La expectativa de las autoridades nacionales era que los detenidos dejen el penal de Alto Hospicio para retornar al país o, en todo caso, que puedan permanecer en un domicilio que fue ofrecido por la Iglesia.
El Gobierno denunció que la administración de Michelle Bachelet obstaculiza la defensa jurídica de los bolivianos al negar la visa a autoridades nacionales. Los ministros de Justicia y Defensa, Héctor Arce y Reymi Ferreira; los presidentes de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales; y el inspector general del Ejército, Williams Kaliman, no pueden ingresar a la vecina nación.
La decisión judicial de diferir la audiencia surge en medio de otra polémica por el viaje en el que coincidirán Evo Morales y Bachelet, en Ecuador. El Gobierno abrió la posibilidad de un diálogo por los detenidos, pero desde Chile lo descartaron.
Se abre paso una salida para los 9 detenidos en Chile
El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, informó que la Fiscalía y la defensa de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos buscan un proceso abreviado para dar una solución a la situación de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, capturados en la frontera el pasado 19 de marzo.
"Tomamos debida nota de este acercamiento entre la defensa de los detenidos bolivianos y la Fiscalía Nacional. Eso es una noticia que nos parece muy interesante porque podría acortar y encontrar una solución más breve dentro del marco jurídico nacional", explicó en conferencia de prensa.
La salida, según comentó a EL DEBER el abogado Roberto Celedón, implicaría la admisión de los cargos. Los compatriotas son acusados por los delitos de contrabando, portación ilegal de armas y robo con intimidación.
Son 64 días desde que fueron detenidos los bolivianos. Hoy el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que la audiencia prevista para el jueves fue postergada hasta el 20 de junio.
La defensa interpuso un recurso de cesación o modificación a la detención preventiva que fue dictada contra los nueve. Acortar la causa implicaría, tras el reconocimiento de los hechos, su expulsión inmediata de Chile.
Sobre la reunión con Evo
Muñoz explicó que "no hay nada en la agenda, más allá de las reuniones propias del cambio de mando", tras que el ministro de Relaciones Exteriores nacional, Fernando Hunacuni, abriera la posibilidad del encuentro.
Ese espacio, según dijo el canciller boliviano, era propicio para buscar un diálogo para dar solución a la situación de los nueve detenidos. Ambos mandatarios coincidirán en Ecuador mañana.
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