El escupitajo en la cara propinado la noche del martes por el magistrado indígena Gualberto Cusi al diputado querellante en su contra, Víctor Borda, en predios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), generó reacciones consideradas discriminatorias de parte de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Luego de una reunión de bancada resolvieron pedir para la audiencia de juicio final de hoy, la presencia de la Policía boliviana y autoridades del Ministerio de Salud, en previsión a posibles reacciones agresivas y evitar el “contagio” de la enfermedad que padece Cusi.
El diputado del MAS, Édgar Montaño, explicó que tanto la Policía como el Ministerio de Salud deben resguardar la salud de los senadores que asistirán a la sesión, en el entendido que Gualberto Cusi "tiene una enfermedad y eso amerita un seguimiento a todas las acciones y donde pueda moverse en la sociedad paceña". "Es un peligro en la salud de la población paceña principalmente", argumentó.
En tanto, el diputado que recibió el escupitajo, Borda, dijo que no está de acuerdo con la determinación de su bancada. "No estoy de acuerdo, en todo caso solo he pedido moverme hacia otro sitio, dado que me separan de él (Cusi) unos 30 centímetros", señaló.
Al respecto, el experto constitucionalista José Luis Santistevan señaló que el juicio en sí mismo viola todos los derechos como la dignidad humana, libre y espontánea. "Primero es que se le ha destruido la vida civil, en ese ámbito, lo resuelto ayer es una muestra del poder político que pisotea y discrimina esa dignidad humana y la sentencia que se dicte resultará siendo irrelevante, más allá si se lo condene o se lo absuelva", precisó.
Los involucrados. “Quiero pedir las disculpas al pueblo boliviano al cual respeto, pero a este sinvergüenza del poder, jamás. Nunca nos vamos a arrodillar”, exclamó Cusi respecto al incidente.
El 12 de diciembre de 2014, el ministro de Salud de entonces, Juan Carlos Calvimontes, salió a revelar que el ya suspendido magistrado del Tribunal Constitucional "fue diagnosticado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA".
Según su amigo y militante del MAS, Roberto de la Cruz, señaló que el magistrado indígena a partir de entonces vivió todo un calvario. Y por el incidente del martes, vía un medio televisivo señaló que fue una expresión de impotencia, frente a la actual situación de injusticia reinante en el país.
“Cualquier víctima, por la impotencia reaccionaría incluso peor, y él lo hizo en defensa propia. Desde hace tres años ha vivido un calvario, incluso ha tenido que estirar la mano para sobrevivir", argumentó.
Versión de Cusi. Cusi está enjuiciado en el Senado por supuestos delitos que habría cometido al suspender la aplicación de la Ley del Notariado, cuando ejercía la magistratura en el Tribunal Constitucional.
El aún magistrado señaló que el daño civil ya está hecho, por lo que no tendrá relevancia si lo absuelven o declaran culpable. "A estas alturas de la historia, el derecho a la vida y la salud que yo tengo está afectado y el poder no dice nada y todavía me quieren condenar. Si me absuelven o me condenan a mí ya no me sirve de nada. A mí me han marcado como las calles de La Paz o del país, como las cebritas; no puedo hacer nada en el futuro dado que me han dicho tengo el VIH SIDA, eso es grave", concluyó.
01 junio 2017
Abogado chileno fue cesado como defensor de detenidos
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que cesaron de sus funciones al abogado de Santiago de Chile, Roberto Celedón, por sus declaraciones referidas a las implicancias sobre el proceso abreviado que ofreció la Fiscalía en el caso de los nueve detenidos.
“Un ofrecimiento es el procedimiento abreviado, el cual no importa en la legislación chilena a diferencia de nuestro procedimiento el reconocimiento de ninguna culpabilidad, no es correcta las declaraciones de un abogado chileno que tiene residencia en Santiago, que entiendo no representa más a nuestros connacionales, ha sido cesado justamente por un entendimiento incorrecto”, declaró.
El Gobierno contrató los servicios de dos abogados Celedón y Claudio Vila para la defensa de los nueve bolivianos detenidos en la frontera con Chile el 19 de marzo, y enviados a la cárcel de Alto Hospicio.
El pasado 23 de mayo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, informó que la Fiscalía y la defensa de los nueve detenidos buscaban un proceso abreviado para dar solución a la situación de los connacionales.
El abogado Roberto Celedón explicó que el juicio abreviado no era admitir directamente la culpabilidad, pero sí admitir los hechos. “De acuerdo con la ley chilena, uno debe aceptar los hechos; los imputados deben reconocer los hechos por los que se les imputa. La calificación jurídica que se le ha dado la tiene que determinar el tribunal”, dijo a Página Siete.
El hecho generó varias críticas en el país, porque acogerse a un proceso abreviado es admitir culpa en las acusaciones del Ministerio Público y la justicia establece condenas más cortas.
Las familias de los detenidos observaron la propuesta, no aceptan que sus parientes admitan ningún hecho que los muestre como delincuentes. El Gobierno dijo que la decisión será de ellos, pero que no se trata de que se inculpen “jamás vamos a reconocer culpabilidad”, dijo Arce.
Pero también hay otras salidas como el sobreseimiento y la vía diplomática y no la judicialización que ha decidido seguir el Gobierno chileno, posteriormente dijo Arce que Chile tendrá que asumir su responsabilidad en este caso.
“Un ofrecimiento es el procedimiento abreviado, el cual no importa en la legislación chilena a diferencia de nuestro procedimiento el reconocimiento de ninguna culpabilidad, no es correcta las declaraciones de un abogado chileno que tiene residencia en Santiago, que entiendo no representa más a nuestros connacionales, ha sido cesado justamente por un entendimiento incorrecto”, declaró.
El Gobierno contrató los servicios de dos abogados Celedón y Claudio Vila para la defensa de los nueve bolivianos detenidos en la frontera con Chile el 19 de marzo, y enviados a la cárcel de Alto Hospicio.
El pasado 23 de mayo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, informó que la Fiscalía y la defensa de los nueve detenidos buscaban un proceso abreviado para dar solución a la situación de los connacionales.
El abogado Roberto Celedón explicó que el juicio abreviado no era admitir directamente la culpabilidad, pero sí admitir los hechos. “De acuerdo con la ley chilena, uno debe aceptar los hechos; los imputados deben reconocer los hechos por los que se les imputa. La calificación jurídica que se le ha dado la tiene que determinar el tribunal”, dijo a Página Siete.
El hecho generó varias críticas en el país, porque acogerse a un proceso abreviado es admitir culpa en las acusaciones del Ministerio Público y la justicia establece condenas más cortas.
Las familias de los detenidos observaron la propuesta, no aceptan que sus parientes admitan ningún hecho que los muestre como delincuentes. El Gobierno dijo que la decisión será de ellos, pero que no se trata de que se inculpen “jamás vamos a reconocer culpabilidad”, dijo Arce.
Pero también hay otras salidas como el sobreseimiento y la vía diplomática y no la judicialización que ha decidido seguir el Gobierno chileno, posteriormente dijo Arce que Chile tendrá que asumir su responsabilidad en este caso.
Por un mes Bolivia preside Consejo de Seguridad de la ONU
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU.
Bolivia, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, preside esta entidad a partir de hoy y por el lapso de un mes, confirmó el embajador boliviano ante este organismo internacional, Sacha Llorenti.
“Bolivia presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU a partir del primero de junio. Trabajamos con responsabilidad para asumir el desafío”, declaró Llorenti, a través de su cuenta en tuiter.
Bolivia conforma el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente por tercera vez en su historia. La primera fue entre 1964 -1965; la segunda oportunidad se dio entre 1978- 1979. Sin embargo, esta es la primera vez que dirigirá un comité.
En febrero último, Llorenti dijo que en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Bolivia trabajará por un acuerdo de paz entre Israel y Palestina ,cuando asuma la presidencia del Consejo de Seguridad.
Según el artículo 18 del Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad, a Bolivia le toca dirigir el bloque durante un mes.
“La Presidencia del Consejo de Seguridad recae, por turno, en los Estados miembros del Consejo de Seguridad, siguiendo sus nombres en el orden alfabético del inglés. Cada presidente permanecerá en funciones por espacio de un mes civil”, dice el artículo 18.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene a cinco Estados como miembros permanentes: Francia, Estados Unidos, Rusia, China y Reino Unido. En tanto que también tiene a miembros no permanentes, 10 en total y uno de esos es Bolivia, que permanece de forma rotatoria en el bloque.
Según Llorenti, la primera actividad que realizará en esta jornada es la coordinación y aprobación de la agenda que analizará el Consejo de Seguridad en este mes, tarea que se cumplirá en un desayuno organizado por Bolivia, en el que los 15 embajadores representantes discutirán los temas de la agenda.
“Para dar un ejemplo, estoy seguro de que tendremos alguna reunión sobre la situación de la península coreana o probablemente tengamos una reunión sobre la crisis en Siria o alguna otra situación en otros lugares del mundo”, indicó.
El diplomático boliviano aseveró que “existe un compromiso patriótico”, que es defender a Bolivia, como también “es lógico” proteger los principios y propósitos de la carta de la Organización de Naciones Unidas. “Es realmente un privilegio que nunca soñé tenerlo”, finalizó.
Potosi Gobernador se someterá a un revocatorio de mandato
El gobernador Juan Carlos Cejas reiteró que se someterá al revocatorio de su gestión que persigue el Comité Cívico Potosinista.
Cejas destacó que no no es cierta la versión de que la marcha de los cooperativistas mineros busca la salida de los actuales dirigentes de Comcipo para que no se produzca el revocatorio.
En contacto con radio Kollasuyo, dijo que en su criterio es el pueblo el que debe tomar la decisión si se queda o se va. Sin embargo, dijo que solamente dos personas no pueden definir el destino de una región, de un Departamento y conoce que la medida que ejecutó Fedecomin fue el resultado de una reunión de sus presidentes.
Los dirigentes cívicos se mantienen en sus cargos con la misión de impulsar el revocatorio.
Cejas destacó que no no es cierta la versión de que la marcha de los cooperativistas mineros busca la salida de los actuales dirigentes de Comcipo para que no se produzca el revocatorio.
En contacto con radio Kollasuyo, dijo que en su criterio es el pueblo el que debe tomar la decisión si se queda o se va. Sin embargo, dijo que solamente dos personas no pueden definir el destino de una región, de un Departamento y conoce que la medida que ejecutó Fedecomin fue el resultado de una reunión de sus presidentes.
Los dirigentes cívicos se mantienen en sus cargos con la misión de impulsar el revocatorio.
Llorenti: Bolivia asumirá una vicepresidencia de la ONU
Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que Bolivia fue elegida para asumir una de las vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU, a partir de septiembre, durante el próximo período de sesiones.
“Ha sido electa como una de las vicepresidencias de las 21 que tiene distribuidas regionalmente. Tres de ellas corresponden a América Latina y el Caribe, y Bolivia va a optar una por un año”.
El diplomático aseguró que se trata de una responsabilidad protocolar pero que en algunas circunstancias le tocará a Bolivia reemplazar al presidente de la Asamblea General, lo que implica que el Estado será visto en la conducción de este órgano tan importante.
Aunque Llorenti no dio a conocer qué Vicepresidencia asumirá Bolivia a partir de septiembre, está previsto que en la conferencia de hoy, a las 13.00, pueda anunciar cuál será el rol boliviano.
Sacha Llorenti asumió sus funciones como embajador de Bolivia ante la ONU el 15 de septiembre de 2012.
Su misión es dar continuidad y mejorar la agenda de relaciones bilaterales y multilaterales con los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas.
“Ha sido electa como una de las vicepresidencias de las 21 que tiene distribuidas regionalmente. Tres de ellas corresponden a América Latina y el Caribe, y Bolivia va a optar una por un año”.
El diplomático aseguró que se trata de una responsabilidad protocolar pero que en algunas circunstancias le tocará a Bolivia reemplazar al presidente de la Asamblea General, lo que implica que el Estado será visto en la conducción de este órgano tan importante.
Aunque Llorenti no dio a conocer qué Vicepresidencia asumirá Bolivia a partir de septiembre, está previsto que en la conferencia de hoy, a las 13.00, pueda anunciar cuál será el rol boliviano.
Sacha Llorenti asumió sus funciones como embajador de Bolivia ante la ONU el 15 de septiembre de 2012.
Su misión es dar continuidad y mejorar la agenda de relaciones bilaterales y multilaterales con los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Querella de Aduana chilena desbarata acusación de Bachelet
La querella que el Servicio aduanero de Chile presentó la semana pasada contra tres transportistas chilenos, ahora acusados de contrabando, desbarata por si misma la afirmación de la presidenta Michelle Bachelet sobre el supuesto “robo” boliviano.
La Jefa de Estado chilena dijo el 20 de marzo que “los involucrados”, nueve bolivianos presos en su país desde el 22 de mayo, “se robaron uno” de nueve camiones pertenecientes a los presuntos tres contrabandistas compatriotas suyos, de acuerdo con la publicación de 24horas.cl.
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile presentó una querella contra tres transportistas chilenos, acusados de contrabando, que el 19 de marzo denunciaron que dos militares y siete aduaneros bolivianos ingresaron a su país, los amenazaron y les quitaron un camión con mercadería.
En aquella ocasión, la mandataria aseguró que los nueve compatriotas ingresaron a Chile para robar nueve camiones, aunque no explicó qué hacían los vehículos en un punto no autorizado de la frontera con Bolivia.
En la querella se identificó a tres ciudadanos chilenos: Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa, quienes tienen responsabilidades como autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando.
El periódico La Tercera señala que el 19 de marzo, Castro y Arqueros se encontraban en el sector de Tulapampa a bordo de un camión con mercadería proveniente de la Zona Franca de Iquique para ingresar a Bolivia por un paso no habilitado. En otro camión estaba Challapa junto con otros esperando condiciones favorables para la salida de más mercadería.
Después del ingreso de los nueve bolivianos “con vehículos y armamento” a Chile, los transportistas abandonaron el lugar, pero el último camión fue interceptado, y “mediante violencia e intimidación” los bolivianos se apropiaron, según el diario, del vehículo y su carga, luego de dejar al conductor y su acompañante abandonados.
El periódico chileno agrega que cuando el camión era trasladado a Bolivia tuvo fallas mecánicas que detuvieron su andar y en ese momento carabineros chilenos llegaron al sector para detener a los bolivianos.
Bachelet resaltó que los hechos ocurrieron “en territorio chileno, y que los nueve bolivianos tenían la intención de robar más camiones”.
La querella de la Aduana establece que hasta el 19 de mayo los documentos que “amparen la propiedad de las mercancías transportadas por el camión el 19 de marzo con destino a Bolivia no fueron encontrados por Carabineros en el vehículo ni tampoco en poder de los ciudadanos bolivianos”.
Se pidió despachar una orden de investigación para identificar los vehículos y personas que transportaban la carga, quiénes la encargaron, los proveedores y la incautación del camión.
La Jefa de Estado chilena dijo el 20 de marzo que “los involucrados”, nueve bolivianos presos en su país desde el 22 de mayo, “se robaron uno” de nueve camiones pertenecientes a los presuntos tres contrabandistas compatriotas suyos, de acuerdo con la publicación de 24horas.cl.
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile presentó una querella contra tres transportistas chilenos, acusados de contrabando, que el 19 de marzo denunciaron que dos militares y siete aduaneros bolivianos ingresaron a su país, los amenazaron y les quitaron un camión con mercadería.
En aquella ocasión, la mandataria aseguró que los nueve compatriotas ingresaron a Chile para robar nueve camiones, aunque no explicó qué hacían los vehículos en un punto no autorizado de la frontera con Bolivia.
En la querella se identificó a tres ciudadanos chilenos: Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa, quienes tienen responsabilidades como autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando.
El periódico La Tercera señala que el 19 de marzo, Castro y Arqueros se encontraban en el sector de Tulapampa a bordo de un camión con mercadería proveniente de la Zona Franca de Iquique para ingresar a Bolivia por un paso no habilitado. En otro camión estaba Challapa junto con otros esperando condiciones favorables para la salida de más mercadería.
Después del ingreso de los nueve bolivianos “con vehículos y armamento” a Chile, los transportistas abandonaron el lugar, pero el último camión fue interceptado, y “mediante violencia e intimidación” los bolivianos se apropiaron, según el diario, del vehículo y su carga, luego de dejar al conductor y su acompañante abandonados.
El periódico chileno agrega que cuando el camión era trasladado a Bolivia tuvo fallas mecánicas que detuvieron su andar y en ese momento carabineros chilenos llegaron al sector para detener a los bolivianos.
Bachelet resaltó que los hechos ocurrieron “en territorio chileno, y que los nueve bolivianos tenían la intención de robar más camiones”.
La querella de la Aduana establece que hasta el 19 de mayo los documentos que “amparen la propiedad de las mercancías transportadas por el camión el 19 de marzo con destino a Bolivia no fueron encontrados por Carabineros en el vehículo ni tampoco en poder de los ciudadanos bolivianos”.
Se pidió despachar una orden de investigación para identificar los vehículos y personas que transportaban la carga, quiénes la encargaron, los proveedores y la incautación del camión.
Gobierno valora ofrecimientos chilenos
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, confirmó que el Estado analiza los ofrecimientos y mecanismos legales que hizo el Gobierno de Chile para liberar a los nueve connacionales encarcelados.
“A través de la vía judicial existen diferentes ofrecimientos y mecanismos que hizo Chile respecto a la liberación de los nueve bolivianos, los que están siendo valorados por los familiares y por la defensa”, señaló.
Aseguró que cualquiera que sea la situación, la responsabilidad del Gobierno es buscar la más pronta libertad de las personas indebidamente detenidas para posteriormente establecer las gravísimas responsabilidades contra el Gobierno de Chile, por un acto que es totalmente abusivo y dictatorial en la historia del Derecho.
Los tres mecanismos
Recordó que los mecanismos legales ofrecidos por Chile son el procedimiento abreviado, aunque la legislación chilena no toma en cuenta el reconocimiento de ninguna culpabilidad y el sobreseimiento, que implica la suspensión del procedimiento judicial por falta de pruebas o por otra causa.
También que el Gobierno de Chile asuma su responsabilidad y deje de judicializar el caso, para resolverlo por la vía diplomática.
El 19 de marzo, siete agentes aduaneros y dos militares fueron detenidos en la frontera con Chile acusados de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.
El 22 de marzo, la jueza Isabel Peña los sentenció a 120 días de encarcelamiento preventivo en el penal de Alto Hospicio, mientras se investiga su participación en los supuestos delitos.
“A través de la vía judicial existen diferentes ofrecimientos y mecanismos que hizo Chile respecto a la liberación de los nueve bolivianos, los que están siendo valorados por los familiares y por la defensa”, señaló.
Aseguró que cualquiera que sea la situación, la responsabilidad del Gobierno es buscar la más pronta libertad de las personas indebidamente detenidas para posteriormente establecer las gravísimas responsabilidades contra el Gobierno de Chile, por un acto que es totalmente abusivo y dictatorial en la historia del Derecho.
Los tres mecanismos
Recordó que los mecanismos legales ofrecidos por Chile son el procedimiento abreviado, aunque la legislación chilena no toma en cuenta el reconocimiento de ninguna culpabilidad y el sobreseimiento, que implica la suspensión del procedimiento judicial por falta de pruebas o por otra causa.
También que el Gobierno de Chile asuma su responsabilidad y deje de judicializar el caso, para resolverlo por la vía diplomática.
El 19 de marzo, siete agentes aduaneros y dos militares fueron detenidos en la frontera con Chile acusados de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.
El 22 de marzo, la jueza Isabel Peña los sentenció a 120 días de encarcelamiento preventivo en el penal de Alto Hospicio, mientras se investiga su participación en los supuestos delitos.
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