Para el control de la criminalidad, en los últimos años Bolivia ha priorizado la consolidación de acuerdos bilaterales con los cinco países vecinos con los que comparte 6.834 kilómetros lineales de frontera. El objetivo es reforzar el control de zonas donde los agentes de seguridad han detectado la presencia de bandas criminales que se dedican a la comisión de delitos transnacionales como narcotráfico, trata y tráfico de personas y otros.
Según el Gobierno, Bolivia tiene suscritos acuerdos bilaterales con Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile para combatir los delitos en frontera como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando, tráfico de armas en otros delitos conexos. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, afirmó que estos acuerdos de cooperación han tenido buenos resultados y han permitido “cerrar las fronteras” de Bolivia a estos delitos, sobre todo, al narcotráfico por lo tanto este año se incidirá aún más en los operativos combinados.
“En la gestión pasada, estas operaciones vía área, fluvial y terrestre han dado resultados para la incautación de drogas como también para la detención de narcotraficantes importantes”, señaló en enero pasado.
Por su parte, el director Nacional de la Fuerza especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Santiago Delgadillo, aseguró que Bolivia se ha convertido en un “muro de contención”, que evita que grandes cantidades de droga ingresen a países vecinos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en noviembre del año pasado, durante una reunión multinacional que se desarrolló en Brasil, detalló que existen 39 puntos vulnerables a los delitos transnacionales en toda la extensión fronteriza que tiene Bolivia.
Dijo que con Brasil son nueve, con Perú son 10, con Argentina son nueve, con Chile son seis y con Paraguay son cinco los puntos débiles que requieren ser reforzados por la Policía de ambos países. Por lo mismo, la mayor parte de los acuerdos señalan como tareas primordiales el intercambio de información de los agentes de inteligencia, realizar operativos conjuntos, intercambiar oficiales de enlace y compartir datos estadísticos sobre los diferentes delitos.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Gobierno, titulado “Situación de la Seguridad en Frontera” y publicado en noviembre del año pasado, en cuanto a narcocriminalidad, Bolivia se constituye en país tránsito de drogas, por ejemplo, cocaína del Perú y marihuana de Paraguay ingresan al país para ser trasladados a otros países de la región.
“Se estima que existe una mayor proporción de ingreso de cocaína del Perú, especialmente de la localidad del Vraem. Es común el ingreso de aeronaves que transportan cocaína al norte de La Paz, Pando y Beni, donde es acopiada para posteriormente trasladarla vía aérea y terrestre hacia el Brasil”, señala el informe oficial.
Indica que se ha generado una relación fluida y dinámica con Brasil en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En contraste, Chile es el país con el que menos mecanismos de coordinación se han desarrollado; sin embargo, este año se ha firmado un acuerdo de cooperación mutua.
Una nueva modalidad identificada de tráfico de droga, según la Felcn, es el “bombardeo o lluvia de droga”, detectada sobre todo en el occidente del país.
En relación al tráfico ilícito de armas, el informe señala que conforme al reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sobre tráfico y tenencia ilegal de armas, la frontera Bolivia-Brasil, reporta mayor cantidad de casos registrados, principalmente en las poblaciones de Puerto Suarez, Puerto Pérez y San Matías.
“Se constata la ausencia de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales específicos para la prevención y control del tráfico ilegal de armas de fuego”, indica el informe.
En cuanto a la trata y tráfico, Bolivia también es considerada país tránsito para este delito. “La ruta crítica en la región inicia en los países limítrofes y se dirige hacia Estados Unidos, Europa y Asia”, señala el documento.
Indica también que la mayor cantidad de víctimas bolivianas han sido repatriadas de Argentina y Perú y que fueron captadas para explotación sexual y laboral, sobre todo en fábricas textiles.
En la Rinconada, población minera de Puno (Perú), se reportan casos de explotación laboral en la minas (en su mayoría de hombres) y explotación sexual (en su mayoría de mujeres bolivianas).
CENTRO DE INTELIGENCIA TRILATERAL
En junio del año pasado, las autoridades antidrogas de Bolivia y Brasil reunidas en la ciudad de Santa Cruz concretaron un acuerdo para crear un Centro de Inteligencia Policial destinado a combatir el tráfico de drogas entre ambos países. A este convenio se sumará Perú, con lo que esta oficina será trilateral.
El convenio fue suscrito por el embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos Rocha Magno, y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, en el marco de la IX Reunión de la Comisión Mixta Sobre Drogas y Delitos Conexos, que se desarrolló en la capital oriental. Además, este convenio contempla acciones de lucha contra el tráfico de armas, robo de vehículos, contrabando y trata de personas, entre otros.
CONTROL MIGRATORIO
En relación a la migración, el informe elaborado por el Ministerio de Gobierno señala que hay avances “significativos” en la regularización del tránsito fronterizo, en especial con Brasil y Argentina, a partir de la obtención y uso de las Tarjetas Vecinales Fronterizas.
Apunta que la falta de puestos de control integrado en puntos fronterizos con Brasil facilita el ingreso de gente que comete ilícitos.
Es por eso que recomienda avanzar en consolidar mecanismos que posibiliten el intercambio de información migratoria, para la toma de decisiones oportunas y seguras entre países vecinos.
Sobre el delito de secuestros, el informe señala que existe vulnerabilidad en la frontera Bolivia-Brasil, en Pando, debido a la cantidad de casos de secuestro ocurridos en los últimos dos años, donde la participación de los organismos de prevención, control, investigación y persecución penal no son considerados por las personas afectadas debido al temor a represalias.
La mayor cantidad de secuestros en territorio nacional son cometidos por brasileños, quienes piden rescate en moneda brasilera (reales). La Policía no es parte de las negociaciones de rescate, añade el informe.
