El COVID-19 ha obligado a los gobiernos a realizar compras urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas, adecuación de hospitales y material médico. En estos procesos de compra pública, la existencia de casos corrupción limitarían la efectividad de los esfuerzos para contener la pandemia e implicarían sobrecostos innecesarios que podrían reducir la asistencia sanitaria a miles de ciudadanos.
Para reducir los riesgos de corrupción asociados al abastecimiento público durante la emergencia del COVID-19, CAF -banco de desarrollo de América Latina-, ha publicado el estudio Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19, que muestra cómo las nuevas soluciones digitales, acompañadas de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de la lucha contra el coronavirus, sino también dar un salto cualitativo en la adopción de políticas de integridad.
“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan con el analisis de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado.
La publicación plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19:
1) Rendición de cuentas orientada a resultados:
Se trata de garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del virus. Existen aplicativos en código abierto como el OpenRBF, que controlan los resultados y el desempeño en el sector de salud, educación y gobierno. Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España), con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.
2) Publicidad de la contratación directa de emergencia:
La publicidad en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Las contrataciones abiertas ayudan a que los gobiernos logren satisfacer sus demandas bajo procedimientos de emergencia.
3) Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos:
Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP), esto es, un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios. La digitalización de este procedimiento a través de audiencias virtuales, adjudicación electrónica e incluso sanción por incumplimiento atendiendo a medios electrónicos, genera más transparencia y rapidez para el suministro de bienes de características uniformes necesarios para la emergencia
Una oportunidad única para reducir la corrupción en América Latina
La crisis generada por el COVID-19 también ofrece una oportunidad para que América Latina adopte políticas de integridad que reduzcan la corrupción en el corto, medio y largo plazo. Y para lograrlo será imprescindible el uso de datos y tecnologías digitales, según otro estudio de CAF publicado recientemente.“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis; todo lo contrario. Es clave que los gobiernos de América Latina integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos de contratación pública y logren con ello mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, dice Santiso.
Esta segunda publicación realiza un inventario de varias iniciativas que utilizan la analítica de datos y el machine learning para alertar a las autoridades sobre los riesgos de corrupción, integrando así un enfoque de acción proactivo, basado en la prevención y detección temprana de posibles crímenes. Estas tecnologías, además, incrementan la efectividad de las investigaciones judiciales o administrativas e innovan frente programas y políticas anticorrupción que se basan en medidas ya probadas como campañas informativas, capacitaciones de personal o auditorias tradicionales.
El éxito y la sostenibilidad de este enfoque requiere que los países implementen una agenda pública y transversal ambiciosa que se centre en asegurar la calidad de los datos, suministrar la infraestructura para su almacenamiento e invertir en el poder de procesamiento de la información, así como de coordinación entre organismos judiciales y administrativos. El poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario