“Dada la realidad del fraude electoral, el Conade exige la anulación de las elecciones, nuevo Tribuna Electoral –esta vez imparcial- y nuevas elecciones”, manifestó Conade en un documento leído por Manuel Morales.
Inicialmente, las personas movilizadas en las calles de la ciudad de La Paz exigían una segunda vuelta entre el Movimiento Al Socialismo y Comunidad Ciudadana. Esto a raíz de la duda generada por el TSE con el sistema de conteo rápido empleado en las últimas elecciones generales en Bolivia.
La mañana de este domingo, la plataforma ciudadana que tiene como consigna defender la democracia boliviana, dio a conocer algunos puntos enfocados a las movilizaciones que para este lunes.
El planteamiento ahora es la anulación de las elecciones generales porque se considera que se cometió fraude electoral, lo que caló no solo entre la ciudadanía nacional, sino también entre los miles de residentes bolivianos que radican en el exterior.
En ese marco, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) anunció que a nombre del consejo universitario se presentará querella penal en contra de los vocales del TSE por tres supuestos delitos cometidos en el proceso electoral como son: falsificación de documentos, manipulación informática y alteración de resultados.
También, denunciaron que el Gobierno con falsas acusaciones pretende imponer un Estado de sitio para amedrentar a las personas y de esa manera se abstengan a salir a las movilizaciones.
Las movilizaciones en el país iniciaron el lunes, un día después de las cuestionadas elecciones. A la fecha varios departamentos cumplen el paro indefinido que exige una segunda vuelta entre Evo y Mesa, mientras que otros se declararon en permanente movilización exigiendo que se espete el voto.
La Organización de Estados Americanos (OEA) observó un «inexplicable» cambio en el comportamiento del voto, tras la interrupción abrupta de la transmisión rápida de actas, así como otras irregularidades que se dieron en el proceso, como el hallazgo de ánforas en domicilios particulares, entre otros. Aceptó realizar una auditoría al proceso electoral, lo cual obtuvo respaldo de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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