Observan mayor restricción al acceso a información pública

NORMATIVA

El presidente Carlos Mesa, en 2005, promulgó el Decreto Supremo 27329 en procura de la transparencia y el acceso a la información gubernamental pero no se cumple a cabalidad.

El acceso a la información en las instituciones públicas del Estado, al igual que en el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Ministerio Público es cada vez más restringido, si bien hay unidades de relaciones públicas que deberían viabilizar solicitudes, en muchos casos las obstaculizan y a esto se suma que la vocería está centralizada sólo a la autoridad máxima que no tiene tiempo ni conocimiento cabal de todos los temas.

Las autoridades destacan la transparencia y la política de puertas abiertas pero a la hora de facilitar información se complican o proporcionan sólo información de su interés sin la posibilidad de preguntas de los periodistas, según las quejas permanentes de trabajadores de la prensa.

El consultor en temas judiciales, Eddie Cóndor, señaló que Bolivia es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien desde 2001 se promovieron diversas iniciativas legislativas, desde el oficialismo y la oposición, no materializaron en ley nacional.

El Gobierno nacional tampoco priorizó este tema pese a que desde febrero de 2009 es mandato constitucional desarrollar un marco jurídico e institucional que aliente la transparencia gubernamental.

En criterio del consultor internacional, el marco jurídico vigente en esta materia es disperso, poco efectivo y nominal en el momento de luchar contra la corrupción, cuando el país debería contar con una ley específica que regule el proceso de acceso a la información de todas las instituciones públicas, entre ellas la judicial.