Tras ser aprobada la Ley de Ciudadanía Digital, que será promulgada en los próximos días, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, advirtió sobre algunas “imprecisiones” en la norma.
“La Ley de Ciudadanía Digital no la discutimos nosotros, no hemos sido participes del tratamiento, nos hubiera gustado porque hay puntos que son imprecisos sobre esa identidad digital que se pretende dar, por ejemplo quién y cómo se encargará de emitir la identidad digital”, dijo Costas.
A pesar de ser una ley que busca la sistematización y modernización de la identidad, este proceso debería estar obligatoriamente bajo el Servicio de Registro Cívico (Serecí).
Explicó que según la normativa la identificación se hace a través de un documento, que lo emite el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el proceso de identidad se hace a través de la biometría, que está a cargo del Serecí.
Causa preocupación, indicó, que estas instituciones, el Segip y el Serecí que emiten los documentos, no transfieren información a ninguna otra institución, pero sí reciben consultas. Además que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la información y Comunicación (Agetic) sea depositaria de los registros.
“Significaría que en el caso de que administrara la Agetic, tendría que ser depositaria de esos registros y eso no es posible ni por ley ni por la Constitución. Entonces, esta plataforma que es de interoperabilidad y el concepto de ciudadanía digital no pueden estar divorciadas del Serecí”, manifestó Costas.
En este sentido, para que la plataforma de ciudadanía digital pueda funcionar es “imprescindible” que el identificador que se emita para ésta suceda desde el Serecí, algo que no está claro en la norma y que deberá tratarse y especificarse en la reglamentación, afirmó Costas. (La Prensa)
UD EVALÚA IMPUGNAR ANTE TCP
El senador opositor por Unidad Nacional Edwin Rodríguez dijo que evalúan un recurso de inconstitucionalidad al contenido de la Ley de Ciudadanía Digital, porque obliga a los ciudadanos a depositar sus datos personales que serían manejados directamente desde la Vicepresidencia del Estado.
“Esta ley nos obliga a que todos los ciudadanos, mayores de 18 años nos tengamos que registrar ante la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y que tengamos que obtener de esa manera la ciudadanía digital”, manifestó.
Explicó que por encargo de la ley, Agetic determinará los pasos reglamentarios, por tanto, “en un régimen tan autoritario, donde el Estado es un Estado policía, depositar los datos nos genera mucha susceptibilidad y pone los pelos de punta a los bolivianos”.
El presidente del Senado José Alberto Gonzales dijo que esta ley solo tiene como beneficiario al ciudadano perjudicado por hacer trámites en todo lado y aclaró la Agetic solo administra plataformas digitales y que no tiene acceso a los datos de la ciudadanía.
La ley se propone que la población pueda hacer trámites de principio a fin por internet, acceder a servicios de las entidades públicas, acceder a información que brinden las entidades públicas, participar y ejercer control social; todo desde la computadora o el celular.
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