Entretanto, la defensa del expresidente sostuvo que el pago por el daño económico al Estado se debe aplicar al Ministro de Justicia y el Procurador General.
“Básicamente, los procesos penales que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente en la recuperación de los $us 42,6 millones de dólares, que si es producto de una mala actuación, nosotros tenemos que pagar los $us 42.6 millones, entonces alguien ha actuado mal y tenemos que tomar las medidas necesarias para repetirle a quien nos ha causado este daño”, afirmó Guillén.
El pasado 9 de julio, la Fiscalía General del Estado remitió al Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra el vocero de la causa marítima, porque se halló indicios de responsabilidad en la reversión de las concesiones mineras de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax. Es acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
ACCIÓN DE REPETICIÓN
Según la explicación del abogado penalista, Andrés Zúñiga, la acción de repetición es una medida jurídica que se aplica generalmente en los juicios de carácter civil, donde se busca el resarcimiento del daño ocasionado al Estado por el infractor.
Esta medida jurídica puede ser adoptada cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emita una sentencia condenatoria ejecutoriada contra el acusado, en caso de que la Asamblea Legislativa viabilice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Mesa.
“El Estado boliviano inicia un proceso penal al responsable, si es que avanza el proceso, la el Tribunal Supremo de Justicia debe emitir un fallo respecto a la responsabilidad penal. Una vez concluido el proceso se puede repetir la acción en contra del responsable del daño causado, que en este caso es Carlos Mesa”, puntualizó Zúñiga.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Tras conocer las declaraciones del gobierno, Carlos Alarcón, abogado del expresidente, indicó que esta medida –la acción de repetición– debe ser aplicada para el ministro de Justicia, Héctor Arce; el procurador general del Estado, Pablo Menacho, y la exministra de Defensa Legal, Carmiña Llorenti, por dos motivos.
La primera causa son las desastrosas negociaciones entre ambas partes: En 2009 se dio un acercamiento para llegar a un acuerdo por $us 3 millones de dólares. En segundo intento de acuerdo se da en el 2016, donde se debió firmar un convenio por $us 27 millones de dólares, el cual fue descartado por que se conoció la filtración de información por parte de la exministra de Defensa Legal, Carmiña Llorenti.
“Después de la pésima defensa que asumieron las autoridades de gobierno, el tribunal internacional dijo que Bolivia no aplicó la excepción del protocolo de inversiones del tratado bilateral del cual era parte el Estado bolivianos hasta el 2007, que claramente señala, que si no es mayoritario el capital chileno no corresponde el arbitraje”, puntualizó el jurista.
ANOTACIÓN DE BIENES
Guillén indicó que una de las medidas que se podría aplicar para efectivizar este procedimiento es la anotación preventiva de los bienes de Carlos Mesa, con la finalidad de que queden como garantía hasta que se haga efectivo el pago.
El experto en Derecho Penal explicó que esta medida se adopta al comienzo del juicio de responsabilidades, donde el juez determina aplicar una acción cautelar de la anotación de los bienes y las cuentas bancarias que tenga el acusado.
ANTECEDENTES
El 28 de marzo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el Estado boliviano vulneró los derechos políticos de los exmiembros del Legislativo, Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado, al inhabilitarlos como candidatos a alcaldes de sus respectivas ciudades en las elecciones subnacionales de 2015.
En ese marco, la ONU definió una “compensación adecuada”, que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional.
Ante esa determinación, el partido de Gobierno consideró que el Estado pagará los daños, pero afirmó que se debe aplicar una acción de repetición a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que emitieron la resolución que vetó la candidatura de los exasambleístas y que tiempo después el Legislativo los obligó a renunciar debido a la presión social.
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