El presidente del Concejo Municipal de Cercado de Cochabamba, Iván Tellería, junto a concejales de los Demócratas, rechazó la elección de un alcalde interino e informó que no recibieron ninguna notificación oficial de inhabilitación de las funciones de José María Leyes.
“Cochabamba tiene un alcalde y se llama José María Leyes”, indicó según un reporte de radio Fides. Respecto al fallo del juez que el sábado determinó detención domiciliaria para Leyes y la prohibición de acercarse a la Alcaldía denunció que “se ha dado un golpe municipal”.
“Ni a la Alcaldía ni al Concejo Municipal ha llegado una notificación oficial que suspenda o inhabiliten al Alcalde; por lo tanto, no corresponde la designación de un interino y estamos seguros que el concejo municipal tendrá el mismo criterio”, sostuvo.
En la misma línea, el secretario general, Ricardo Pol, manifestó que no les llegó la notificación de suspensión por lo que le darán su respaldo pleno.
“No hemos recibido ninguna notificación oficial de la resolución judicial que se ha dado con motivo de la resolución de las medidas cautelares del señor Alcalde, queremos reafirmar nuestro compromiso con el señor alcalde, acá estamos todos los secretarios que acompañamos en la gestión al señor Alcalde que vamos a seguir firmes trabajando por la gestión”, apuntó.
Según medios locales, el concejal Edwin Jiménez dijo que los Demócratas son quienes tienen el mando de la directiva. Por lo tanto, son quienes deben asumir las acciones que correspondan. “Yo me deslindo de toda responsabilidad que esto pueda generar”, manifestó.
La concejal Rocío Molina indicó que la norma es clara y “ante la ausencia del Alcalde tres días se debe elegir un suplente. Los Demócratas deben garantizar la estabilidad del municipio.
El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, dijo ayer que en las próximas horas apelarán la decisión del juez cautelar que dictó detención domiciliaria para la autoridad edil.
Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El juez, en la audiencia de medidas cautelares, determinó, además de la detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 bolivianos, prohibición de contacto con funcionarios ediles y arraigo.
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