Los demandantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por la vulneración del referéndum del 21F y la Constitución Política del Estado (CPE) esperan que el gobierno del MAS escuche las recomendaciones, entretanto, autoridades del Gobierno niegan que la demanda fuera aceptada así como su sustento jurídico.
El informe que en las próximas semanas emitirá la CIDH tendrá recomendaciones, en base a los antecedentes de la demanda, que deben ser tomadas en cuenta por el Gobierno, afirmó el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena. Sin embargo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que esta instancia internacional solo recibió la documentación y aún no se pronunciará sobre el fondo de la demanda.
No obstante, Villena señaló que “esta instancia eleva sólo un informe con antecedentes y todo lo que se considera respecto a la petición que se ha hecho, en la parte final viene las recomendaciones que si bien no tiene fuerza de ley puede instar al Estado que se modifique el fallo del TCP”.
El periodista Remberto Cárdenas, adscrito a los demandantes ante la CIDH, confirmó a El Diario que la Comisión admitió la demanda que presentó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) y los exdefensores del pueblo, Rolando Villena y Waldo Albarracín, donde piden que se respete los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.
En la demanda se adjuntan pruebas de la Acción de Inconstitucionalidad abstracta que el oficialismo presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el fallo de la reelección emitido por esa institución y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que el 51,34% dijo “No” a la reelección.
INFORME
Villena, a su vez, explicó que la comisión eleva un informe en base a los antecedentes y a las pruebas que se presentó con la denuncia, en la parte final del documento se describen las recomendaciones que debe tomar en cuenta el Estado.
Si estas recomendaciones no son asumidas por el Gobierno y viendo la magnitud del hecho, la Comisión Interamericana puede demandar al Estado infractor ante la Corte, instancia de defensa de los derechos humanos que cuenta con jerarquía de emitir un fallo sancionatorio para el infractor.
“En caso de que el Estado no cumpla con estos encargos y la Corte admita la demanda interpuesta por parte de la comisión, en base al análisis de los antecedentes y en el tiempo que consideren prudente, pueden emitir un fallo que cause efecto y con carácter resolutivo”, explicó el exdefensor.
NEGACIÓN
Tras conocer esta información, los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de la Presidencia, Alfredo Rada, negaron por separado que la Comisión haya admitido la demanda contra la reelección de Evo Morales, aseguraron que esta sólo fue recibida y “se cumplió un mero trámite administrativo”.
"No se puede confundir lo que es la admisión con la recepción que es procedimiento administrativo que puede hacerse rápidamente. Esto que debería ser elemental es confundido por medios de comunicación que tienen intereses políticos y por gente, que son los demandantes, que trata de generar confusión en la población”, manifestó Rada.
En esa misma línea, Arce manifestó la existencia de intenciones de confundir a la población indicando que ésta demanda fue admitida que según el artículo 30 del Reglamento de la Comisión solo establece una recepción del documento.
“Faltan a la verdad quienes afirman que demanda ha sido admitida en la CIDH, y que en unas semanas se dictaría resolución. El trámite de la admisión se regula por el Art 30 del Reglamento. Lo único que ha ocurrido es que simplemente se acusó recibo. Nuevamente se recurre a la mentira", se lee en la cuenta de Tuiter del Ministro de Justicia.
PRIORIDAD
Ante tales expresiones, Villena señaló que la Comisión considera estas denuncias con mayor importancia porque existe un riesgo latente de la democracia en un determinado Estado y cuando identifican problemas que afectan a un conjunto de la población son admitidos sin que tengan que esperar su turo.
“Hay una modificación que la CIDH hizo a su Reglamentación. Por ejemplo, en el caso de Bolivia que está en inminente riesgo la democracia y ante la existencia de problemas que afecten a poblaciones culturales, éstos son considerados no por orden de prelación, sino de acuerdo con sus implicaciones en la convivencia interna y la sostenibilidad de la democracia”, remarcó Villena.
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