La presidenta de la Comisión de Constitución, Adriana Salvatierra (MAS), manifestó que un servidor público con “sentencia ejecutoriada” en materia penal en aplicación de la Constitución Política del Estado, “debe quedar inmediatamente puesto a un costado”.
La Carta Magna en su artículo 234 numeral 4 señala que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere “no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada penal, pendiente de cumplimiento”.
“Cualquier servidor público está sometido a la Constitución en el artículo 234. Un servidor público no debe tener sentencia ejecutoriada en materia penal y si esto ocurriera debe quedar inmediatamente puesto a un costado”, declaró Salvatierra, según la agencia ANF.
La legisladora se refirió al tema, al ser consultada sobre la situación del viceministro de Tierras, Valentín Ticona, quien tiene una sentencia ejecutoriada en materia penal de 2016, por el delito de “abuso de firma en blanco” con pena privativa de libertad de dos años.
Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, defendió al Viceministro dijo a la red Unitel que “no hay ninguna causal para excluirlo (del cargo)”, como planteó el diputado Wilson Santamaría (UD), al momento de denunciar que Ticona está en el cargo de manera “ilegal”.
El ministro reconoció que existe una sentencia ejecutoriada e hizo una interpretación de la Carta Magna, para concluir que con dos años de sentencia, existe el perdón judicial y no hay sentencia que cumplir.
Por su parte, el diputado Santamaría dijo ayer, que no solo recurrirá al Ministerio Público, porque Ticona ejerce ilegalmente el cargo y Cocarico incumple la Constitución tema que debe ser tratado en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ante lo cual el ministro en cuestión desafió al legislador opositor de probar sus acusaciones si tiene certeza.
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