El fin de semana, el Gobierno sostuvo reuniones de trabajo para preparar la denuncia ante el Pacto de Bogotá por la “injusta sentencia” que la justicia chilena impuso a nueve bolivianos detenidos, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce.
“Se está trabajando en reuniones”, aseguró la autoridad y agregó que el fin de semana, el canciller Fernando Huanacuni, antes de viajar a Cuba, participó también de este trabajo.
El Pacto de Bogotá, conocido también como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por países de América, reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá (Colombia).
El acuerdo instaura la obligación general para que los firmantes resuelvan sus conflictos a través de medios pacíficos, también, los conmina a agotar todos los mecanismos regionales, antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
De veintiún países signatarios del convenio, ocho, entre ellos Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay lo ratificaron sin reservas; mientras que Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú lo ratificaron con reservas; los otros cinco, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela no lo ratificaron, El Salvador lo denunció.
Sin embargo, en abril de 2013, Bolivia retiró su reserva al Tratado para el tratamiento de sus asuntos bilaterales, como es el caso de la demanda marítima en la que planteó a Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el diálogo para lograr una salida soberana al mar. Chile aceptó pero posteriormente inició a Bolivia otro juicio, con referencia al uso de los manantiales del Silala.
Ahora, Bolivia nuevamente busca un nuevo litigio, en el marco del Pacto de Bogotá, contra el Gobierno de Chile, por la sentencia que la justicia del vecino país dictó contra nueve bolivianos. Las autoridades bolivianas exigirán una investigación a fin de determinar lo sucedido el 19 de marzo en la frontera.
El Ministro de Justicia declaró la semana pasada que la sentencia de la justicia chilena es injusta y que los connacionales fueron acusados por delitos imposibles, descartando las acusaciones por los tres delitos que les imputaron en Chile.
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