El Gobierno boliviano manifestó su "profundo rechazo” a la decisión del Senado brasileño de iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Además, hizo un llamado a todos los Estados de la región para dialogar sobre el peligro que corre la democracia.
El Senado de Brasil aprobó ayer someter a un juicio político a la mandataria Dilma Rousseff y la apartó del cargo por hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso y en el que será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.
El Gobierno boliviano, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, calificó esta decisión como una "farsa jurídica y política”, y expresó su rechazo afirmando que el proceso de destitución "se basa en la 'criminalización de acciones administrativas' que no ameritan responsabilidad alguna, según las propias leyes brasileras”.
Además, en el comunicado, la Cancillería advirtió de la intención que existe en Brasil de "dañar la democracia y desconocer los 54 millones de votos que llevaron a Rousseff a la presidencia”, por ese motivo, el Gobierno exhortó a los Estados de la región a dialogar sobre la debilitación de la institucionalidad de la democracia, provocada por una oposición "incapaz de lograr votos necesarios para formar gobierno”.
El Ejecutivo aseguró que es necesario defender "la plena vigencia y preservación de la institucionalidad democrática y los valores que la sustentan, el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la construcción de la paz como patrimonio que hemos consagrado y defendido en la región”.
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