CorteIDH juzga a Bolivia por esterilizar sin permiso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) juzga desde ayer al Estado de Bolivia por el procedimiento de esterilización al que fue sometida una peruana, aparentemente sin su consentimiento, durante el año 2000.

El caso se basa en la intervención de ligadura de trompas de Falopio que habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin la aprobación firmada de la paciente, una mujer identificada sólo como I.V.

Según la demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la esterilización habría constituido una violación a la integridad física, psicológica, a vivir libre de violencia, de discriminación, así como de acceso a la información y a la vida privada y familiar.

La mujer indicó ayer en su declaración que los médicos nunca le informaron que le harían esa intervención.

“Considero que me lo han hecho por ser peruana, pobre, de escasos recursos. Pero él (médico) no tiene porqué decidir sobre el cuerpo de una mujer, es una decisión muy personal”, explicó I.V, quien vive en Bolivia como refugiada.

I.V. añadió que busca justicia para que el caso no quede en la impunidad, ya que “arruinaron” su vida y su sueño de tener un hijo hombre.

“Han pisoteado mi forma de ser mujer, de madre, de humana. Es monstruoso que en sociedades machistas se generen este tipo de casos”, dijo I.V., quien tiene tres hijas.

El ginecólogo Edgar Torrico, encargado de la cirugía, manifestó ante los jueces que I.V. ingresó al hospital porque necesitaba una cesárea urgente. Explicó que I.V. había tenido un parto natural, dos cesáreas y un aborto, y que cada una de las cesáreas había desgastado el útero y creó múltiples adherencias (tejido cicatrizado) que en un futuro embarazo podrían hacer peligrar su vida. Ante esto, la recomendación médica a I.V, fue una ligadura de trompas.

“Yo le expliqué la situación y ella me dijo: ‘sí doctor, lígueme’”, aseguró Torrico.

“También mandé a un colaborador a que buscara al esposo para comentarle la situación, pero no fue encontrado en el hospital”, declaró el médico.

Tras la audiencia celebrada ayer las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo que no tiene plazo establecido.

La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados.



PROCURADOR RECHAZA CONCLUSIONES

El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó a EFE que está “sorprendido” de que la Comisión haya llegado a conclusiones en su informe “que no han podido ser sostenidas en la audiencia, en materia de discriminación o alguna xenofobia”.

“Éste es un caso muy claro de un médico de mi país cumpliendo, con su juramento, su función y el elemento más importante de defensa de la vida y de la salud. Ha actuado según la norma vigente de ese momento, y por lo tanto no se ha generado ninguna irresponsabilidad ni del médico y por lo tanto ninguna de Bolivia”, dijo Arce.

Arce añadió que no existe “discriminación, xenofobia o racismo ni ninguna actitud que se haya tomado en función de la nacionalidad” de la supuesta víctima.

“La señora es refugiada, ha recibido salud, educación, sus hijos viven y ella vive en Bolivia, y seguirá viviendo hasta que lo desee.

Ella tiene una carrera de parte de una universidad pública, recibió todos los beneficios y el trato del Estado de Bolivia como a cualquiera de sus nacionales”, expresó Arce.