Defensoría emite duro informe sobre la democracia en Bolivia

En un duro informe emitido este domingo, la Defensoría del Pueblo dijo que en el país aumenta la corrupción, el gobierno controla a los movimientos sociales, se debilitan las instituciones y los derechos de los pueblos indígenas se ven afectados. Todo ello, como corolario, implica el debilitamiento de la calidad de la democracia en el país, asegura.

En ese contexto, demanda el apoyo de la sociedad para la Defensoría del Pueblo que siga siendo independiente en el futuro y un baluarte de la defensa de los derechos humanos.

“(Existe un) mayor debilitamiento de instituciones estatales fundamentales, debido al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la institucionalidad de manera incontrolable, propiciada además por una debilidad en los mecanismos de control y promoción de la transparencia, las que responden a las instancias gubernamentales que los han elegido o nombrado”, asegura el documento.

Sobre los derechos de los pueblos indígenas, el reporte, titulado “Los desafíos para los derechos humanos en la gestión 2016”, afirma que “el aspecto más preocupante lo constituye la imposición de un modelo basado en el desarrollismo a ultranza que reproduce y fortalece el colonialismo capitalista”.

Ello provoca, añade, “la sistemática afectación de los derechos de los pueblos indígenas a los que, además de haberse vulnerado directamente con la decisión de eliminar la cualidad de áreas protegidas de sus territorios, y de distorsionar todos los principios de la consulta previa, libre e informada, están siendo objeto de un sistemático mecanismo de descrédito y estigmatización, cooptación de sus organizaciones naturales e implementación de estrategias prebendales que no aportan a su desarrollo”.

El reporte asegura que estas acciones pueden incluso “acelerar la desaparición de los pueblos y naciones indígenas altamente vulnerables, si no se actúa tan pronto como la historia nos exige”.

De la misma manera recuerda los mecanismos que el gobierno ha puesto en práctica para controlar a los movimientos sociales. “Se han impuesto mecanismos de control incluso sobre las organizaciones sociales, cuyas dirigencias responden también a la actual gestión política, y han abandonado toda forma de lucha por los derechos de los sectores a los que representan, tornándose contradictoriamente en brazos operativos del partido que ejerce el poder”.

Las recientes presiones contra las ONG y otras entidades sin fines de lucro también son abordadas por el reporte: “Las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas con aportes significativos al proceso político actual, han sido afectadas a través de leyes y decretos que, vulnerando derechos a la libertad de asociación y de expresión, les obligan a adscribirse a la línea de opinión y los dictámenes del gobierno”.

La suma de todos esos “mecanismos”, junto a una “sobrerreacción sistemática de algunas autoridades y presión ejercida contra medios de comunicación o periodistas que cuestionan decisiones o medidas que se toman desde el gobierno central”, están generando, finaliza el documento, “un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia” del país.