La Red Nacional de Personas que viven con el VIH/SIDA (REDBOL) acusa al ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, de haber obtenido el diagnóstico de la enfermedad incurable del magistrado Gualberto Cusi de forma ilegal. Califica las declaraciones de la autoridad como "inmorales, inhumanas e inaceptables” y anuncia otra demanda por discriminación.
"Es ilegal, inhumano, inmoral e inaceptable el accionar del ministro (de Salud). Es ilegal porque no hay ninguna ley que indique que él como autoridad puede acceder a información confidencial de cada paciente. Eso simplemente es un delito”, afirmó el presidente de la REDBOL, Nelson Balderrama.
El Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de VIH/SIDA) registra todos los casos detectados. "Pero Calvimontes no tenía por qué tener detalles de cada uno de esos casos”, cuestionó Balderrama.
El pasado lunes, el titular de salud reveló que Cusi padece una enfermedad terminal con lo que violó la Ley 3729. Sus declaraciones provocaron críticas y pedidos de su renuncia. El viernes, Calvimontes volvió a salir públicamente para justificar que hizo público el estado del paciente para "preservar la salud de la población” y calificó al Magistrado de "doblemente peligroso para la sociedad”.
Esa segunda declaración ofendió más a la REDBOL que considera que Calvimontes "estigmatiza” a la población que vive con ese mal. "Provocó que la población tenga miedo a hacerse una prueba rápida y que haya una especie de rechazo, odio y discriminación a las personas que tenemos este mal”, aseguró Balderrama y recalcó que el VIH se transmite, no se contagia.
Representantes de REDBOL se reunieron ayer con especialistas de la Defensoría del Pueblo para elaborar una demanda por discriminación contra Calvimontes. "Ha violado el artículo 23 de la Ley 045, por eso vamos a interponer la próxima semana nuestra denuncia a la Dirección de Racismo y Toda Forma de Discriminación por el delito contra la dignidad del ser humano”, dijo.
Dicha norma indica que "la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule los derechos individuales o colectivos por motivos de sexo, género, edad (...) enfermedad será sancionada con pena de libertad de uno a cinco años”. Además determina que la sanción se agrava si el hecho es cometido por un servidor o autoridad pública.
Página Siete intentó comunicarse con el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, pero éste no atendió el requerimiento. El miércoles, ante la primera declaración de Calvimontes, Cárdenas dijo que no veía ningún acto de discriminación.
Gualberto Cusi, junto a otras dos magistradas, es enjuiciado por la Cámara de Senadores, por parar la Ley del Notariado.
El abogado del magistrado Eduardo León reafirmó ayer que presentará tres demandas por este caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La primera, por la violación de los derechos de su representado en el juicio ante la Asamblea; la segunda, por la revelación de la enfermedad del magistrado sin su consentimiento que le significó discriminación. La tercera demanda será por la ilegalidad de no restituirlo en su cargo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario