La senadora Tania Melgar (MAS), miembro de la comisión que investiga el proceso de privatización de empresas entre los años 1989-2000, informó que hasta fines de esta legislatura se conocerá el informe final de esta investigación, la cual podría establecer procesos penales contra quienes fueron parte de esta fase de capitalización.
Melgar recomienda que una vez se presente el informe a la Asamblea Legislativa, las gobernaciones debieran continuar con la investigación para recuperar algunas empresas que todavía se encuentran con empresas privadas internacionales y se mantienen como residuales. “Eso lo tiene que definir el pleno de la Asamblea para derivar a las instancias correspondientes”.
Un informe preliminar de la Comisión señala que los procesos de privatización y capitalización de las empresas públicas le costaron al Estado boliviano 444.458.131 dólares.
La comisión realizó su investigación en tres fases, la primera desde 1991 a 1993 en la que se tiene el registro de 60 empresas públicas privatizadas.
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