El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante el Servicio de Registro Civil (Sereci) de Santa Cruz, presentó una demanda ante el Ministerio Público cruceño para que investigue los presuntos delitos electorales de obstaculización del registro biométrico y el traslado fraudulento de personas al municipio de San José de Chiquitos, de Santa Cruz.
El vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, explicó que al ente electoral llegaron dos denuncias: la primera en contra del alcalde de San José de Chiquitos, Germán Caballero, y funcionarios ediles que supuestamente estarían obstaculizando que ciudadanos se registren en el padrón biométrico para habilitarse para votar en las elecciones previstas para el 12 de octubre.
La segunda denuncia -informó Ovando- fue presentada por la autoridad edil. El alcalde Caballero afirmó que más de 500 personas de Yapacaní, San Julián y del trópico de Cochabamba están siendo trasladadas hasta San José de Chiquitos para ser empadronadas en el registro biométrico.
"Ante esos hechos, nuestro director departamental del Sereci Santa Cruz, Emilio Sánchez, se constituyó en San Miguel de Chiquitos para sentar denuncia en el Ministerio Público, que es el encargado de investigar. La denuncia no es contra nadie, sino es para que investiguen a los posibles autores de cometer delitos electorales, puede ser por obstaculización o traslado fraudulento”, señaló Ovando.
El vocal del TSE Ramiro Paredes explicó que el organismo electoral que administrará las elecciones de octubre sanciona faltas electorales, pero los delitos electorales, como el traslado fraudulento de personas, deben ser investigados por la Fiscalía.
La Ley de Régimen Electoral, en su artículo 238, inciso (i), señala que "la autoridad política, administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.
La vocal del TSE Dina Chuquimia informó que evitar que ciudadanos se registren en el padrón biométrico se constituye en obstaculización de procesos electorales, por lo que se constituye en un delito electoral.
La Ley de Régimen Electoral, en el artículo 238, inciso h, señala "que la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya el desarrollo de procesos electorales será sancionado con pena privativa de dos a cinco años”.
"El empadronamiento biométrico es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar. Si un ciudadano no se registra, no puede ser candidato ni puede ir a votar. Por tanto, evitar que se inscriba, eso es un delito”.
Punto de vista
Marcelo Silva
Analista político
Son delitos electorales
Tanto obstaculizar el registro en el padrón electoral como el traslado de las personas para cambiar resultados en las elecciones son delitos electorales.
Por eso el TSE debe ver con meridiana claridad y, con ayuda del Ministerio Público -por que son actos tipificados como delitos electorales-, averiguar qué está pasando y si el alcalde es la persona que está obstruyendo el registro de ciudadanos en el padrón biométrico, o si es que evidentemente se ejecutó el traslado de personas de manera intencional para que se modifiquen los resultados electorales el 12 de octubre.
La falencia esencial es que en Santa Cruz no existe un Tribunal Departamental Electoral, que es la encargada de verificar las denuncias.
Sin embargo, ninguna de las dos cosas debería darse por el bien de las elecciones.
Oposición pide dar con autores del traslado
Página Siete / La Paz
Los senadores de oposición por Santa Cruz Centa Rek y Germán Antelo exigieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Ministerio Público la inmediata aplicación de la Ley del Régimen Electoral contra los responsables del presunto "traslado fraudulento” de más de 500 personas para que se empadronen en la población de San José de Chiquitos (Santa Cruz), cuando su lugar de residencia está en otra jurisdicción.
El alcalde de San José de Chiquitos denunció que unas 500 personas fueron trasladadas a su municipio para que se empadronen en el lugar, situación que es ilegal y está penada por ley.
La senadora Rek recordó que la Ley 026, de Régimen Electoral, de 30 junio, en su capítulo II, de delitos electorales, fija una sentencia de dos a cinco años de privación de libertad a los responsables del traslado e inscripción fraudulenta de personas con fines electorales.
En la misma línea, Antelo demandó la detención de las personas que fueron llevadas hasta San José de Chiquitos y a otras poblaciones del departamento cruceño para que se inscriban en un padrón electoral distinto al que les corresponde.
"Quienes fueron llevados a San José de Chiquitos deben confesar quiénes los incitaron a cometer ese ilícito. El Órgano Electoral debe dar con los verdaderos responsables para que sean sancionados con todo el peso de la ley”, indicó Antelo.
TSE anuncia que hoy declararán una notaria electoral y el alcalde
El alcalde de San José de Chiquitos, Germán Caballero, y la notaria electoral de esa región, que es parte del personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron convocados para que hoy presten su declaración informativa ante las autoridades judiciales, informó la vocal del TSE Dina Chuquimia.
"Tengo entendido que mañana (hoy) ambas personas prestarán su declaración por los delitos electorales, por presunta obstaculización del empadronamiento biométrico y el traslado fraudulento de personas”, informó Chuquimia.
Anunció que si se llega a comprobar que la notaria electoral registró a ciudadanos que están fuera del lugar de su domicilio electoral, será suspendida de forma inmediata de sus funciones.
Caballero, en contacto telefónico con radio Panamericana, informó que el trasladado de personas fue organizado por dirigentes del MAS, "con la intensión de incrementar su caudal de votos”.
"Buscan hacer suya la circunscripción 58 para sacar ventaja en las elecciones presidenciales y municipales”, dijo Caballero, e informó que presentó una denuncia ante el Órgano Electoral y el Ministerio Público para que puedan intervenir en el tema.
Asimismo, informó que ante esa situación, "la población” de San José de Chiquitos tomó algunas notarías y cerró viviendas particulares donde había brigadas móviles para registrar a las personas de fuera.
La autoridad edil afirmó que el Ministerio Público debe actuar, ya que se trata de delitos electorales que deben ser sancionados como establece la Ley de Régimen Electoral.
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