El Reino de los Países Bajos cierra su embajada en La Paz. Con perfil bajo, dejó en Bolivia miles de millones de dólares. La jefa de la cooperación, Anke van Dam, y dos integrantes del equipo técnico revelan a EL DEBER que se van preocupados por la sostenibilidad de las instituciones que apoyaron.
En total, la ayuda llegó a 1.180 millones de dólares americanos desde 1970, el 60% de los cuales se canalizó desde el 2000.
¿Qué es lo que deja atrás en Bolivia la cooperación de los Países Bajos en el tema de gobernabilidad?
Durante todo el periodo que estuvimos, el tema de democratización, gobernabilidad y derechos humanos fue un eje central. Lo hicimos de varias maneras. Los apoyos más importantes fueron a la Defensoría del Pueblo, a UNIR Bolivia en el ámbito de la conflictividad y al Órgano Electoral Plurinacional.
A este último se lo hizo desde que era la Corte Nacional Electoral de una manera más institucional, pero nuestro aporte más importante fue el financiamiento del padrón biométrico.
Vamos con el tema de la Defensoría, ¿a cuánto asciende el apoyo que le dan?
Participamos en una canasta con otros donantes, como Suecia y Suiza, son aportes iguales, contribuciones similares.
Se habla de que al menos la mitad de su presupuesto depende de estos aportes ¿es cierto?
La Defensoría del Pueblo ha surgido en realidad con un apoyo de la cooperación. Empezó con una canasta de fondos que llevó a la formación de esta institución. Durante estos años dependió mucho de la cooperación no solamente para sus acciones, sino también para su personal. En ese caso, el 60% de sus empleados recibe sueldos con fondos de la canasta.
¿Es claro entonces que su salida dejará un gran hueco en su presupuesto?
Holanda se está retirando, pero sigue Suiza y Suecia, que también anunciaron su retiro, pero su propuesta es permanecer hasta el 2016, según se dijo.
El aporte fue para la creación y la manutención del defensor, ¿o qué podríamos destacar de este apoyo?
El apoyo nuestro, en conjunto de la canasta, fue institucional al plan estratégico de la Defensoría. No hay acciones específicas. Ellos hacían su programa, la cooperación lo aprueba y lo financia, con el aporte del Tesoro General del Estado.
¿Se va Holanda preocupada por la sostenibilidad del defensor del Pueblo?
Sí, nos vamos preocupados por la sostenibilidad del defensor del Pueblo. Y ahí hemos tenido varias conversaciones con el equipo de la Defensoría, con los donantes para ver las posibilidades de que otros donantes asuman la parte que Holanda deja, y esto es un tema general no solamente de la Defensoría, vemos que por las características de Bolivia en este momento, la cooperación cada vez está disminuyendo más. Algunos toman decisiones de irse, otros reducen sus fondos por la crisis en Europa u otras razones; entonces, es muy difícil hallar otras cooperaciones que puedan asumir el vacío que Holanda está dejando.
Pero, ¿acaso llenar ese vacío, en este caso, no debiera corresponderle al Gobierno?
Eso es precisamente lo que quería decir. Como Bolivia ya es un país de renta media. Claro que sabemos que aún hay una serie de complicaciones y no es tan fácil de resolver, pero tendría que haber un compromiso más fuerte de parte del Gobierno para las acciones que realmente son importantes para seguir implementándose.
Ustedes, en las conversaciones que tuvieron con el Gobierno, ¿plantearon esta preocupación por el defensor del Pueblo?
En algunas actividades que nosotros estamos financiando, sobre todo las instituciones o ministerios que apoyamos en el nivel público, ahí sí han dicho que no nos preocupemos, que ellos cubrirán las actividades que hemos apoyado.
¿Hay algún compromiso del Gobierno de remplazar el aporte de ustedes para la Defensoría del Pueblo?
En el caso, el Gobierno ha expresado su voluntad de aumentar su aporte a la Defensoría, pero esperamos que cumplan.
Gary Montaño (Asesor en economía y desarrollo institucional): Una de las lecciones en materia de sostenibilidad es que hay que verla desde una perpectiva más integral. El tema de sostenibilidad financiera es muy importante, pero no es la única. Si la sociedad boliviana valora el trabajo de la Defensoría, en teoría debería haber un aporte, porque es una entidad que brinda un servicio importante. Por lo tanto, debiera tener un respaldo del Estado, que no es solamente el Gobierno, sino de la sociedad.
Entre las iniciativas privadas que ve que ya terminaron su ciclo, ¿se refiere usted a casos como Unir Bolivia?
No creo que sea el caso de Unir, yo creo que la conflictividad en Bolivia sigue presente; entonces, Unir todavía tiene un rol muy importante que jugar y tal vez ellos pueden buscar un acercamiento más fuerte con la Defensoría, creemos que ambas instituciones se pueden complementar positivamente.
¿Depende mucho Unir de ustedes?
Sí, también a través de un sistema de canasta con otros donantes. Para el nuevo plan estratégico aún apoyará Suecia, por el tiempo que todavía estén en Bolivia.
A veces es sano, y eso tal vez suena un poco duro, que las instituciones van reflexionando cuál es su función a largo plazo y los puntos más estratégicos que pueden implementar, sin esta seguridad de que tendrás fondos eternos para seguir haciendo tus cosas.
¿Cuál ha sido el aporte específico al Órgano Electoral para la conclusión del padrón biométrico?
Esto ha servido para legitimizar las elecciones que se venían en Bolivia.
Gary Montaño: Era un momento de polaridad y conflictividad, y fue una apuesta a ciegas. Nadie habría pensado que se hubiera montado de tal forma que este país exporta ahora su experiencia de haberlo hecho en tiempo récord. Expertos bolivianos fueron a Macedonia a compartir su experiencia.
Jeanette Tujillo (Experta adjunta en medioambiente): Nueve millones de euros fue el aporte global al Órgano Electoral y antes a la Corte. Son unos 13 millones de dólares. Nuestro apoyo ya terminó el año pasado
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