El expresidente de la República, Jorge Quiroga Ramírez, se trasladó a Estados Unidos, a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar la intención del actual mandatario Evo Morales de ser ser reelecto en las elecciones de 2014. Su salida del país se da a una semana de la audiencia de medidas cautelares donde se podría definir su arraigo o detención.
Quiroga se dirigirá a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington donde expondrá todos los antecedentes que considera evidencias sobre la nulidad de la tercera presentación consecutiva a un proceso eleccionario como su declaración de octubre de 2010, donde “renunció” a una segunda reelección, hasta declaraciones como las del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, quien dijo no estar de acuerdo con la forma de habilitación que hizo esa instancia judicial.
“Cuando yo firmo algo, don Evo, doy la cara, no me escapo y usted está violando la Constitución, y está robando el voto a los bolivianos. Usted está violando lo que avaló la comunidad internacional con su tercer mandato”, manifestó.
Quiroga lleva la defensa de un proceso en Sucre por la supuesta firma de los denominados petrocontratos, durante su gestión como Presidente de la República entre 2001 y 2002, pero él niega los cargos asegurando que fueron otras instancias las que avalaron los contratos e incluso advierte que no existió ningún proceso de exploración y menos explotación de gas o petróleo.
La siguiente semana, el día 11, se realizará su audiencia cautelar en la que la Fiscalía solicitaría detención preventiva y arraigo, según informó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura.
“Lo que quiere es que uno se escape, no me voy; lo que quiere es que uno se calle, no lo hago; lo que quiere es que uno se asuste, aquí estoy, y como le dije a don Evo, yo he hecho una demanda a la OEA de algo que sí es ilegal. Su tercer mandato es ilegal y desconoce lo que la comunidad internacional avaló”, acotó.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien fue aludido por Quiroga por la llamada judicialización de la justicia, explicó que precisamente para que no existan conflictos de competencias o recusaciones se alejó del caso, pero dijo que el exdignatario es un “cadáver político” que trata de volver a la arena política con esas denuncias y sindicaciones contra los representantes del Ministerio Público.
“Está en base al procedimiento. No me voy a referir a cadáveres políticos a costa de la institución del Estado, a costa de un Fiscal General elegido por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Me voy a referir a un nivel jurídico, judicial procesal, como lo demanda el Ministerio Público”, declaró desde Sucre, sede del Ministerio Público.
En respuesta, el excandidato por Poder Democrático Social (Podemos) recordó los cargos asumidos por Guerrero en el último tiempo, todos relacionados directamente con el Gobierno o el partido oficialista.
“El fiscal de Evo Morales, el exasambleísta, el exministro interino puesto a dedo en la Corte Suprema saca una declaración tan falta de respeto, porque él que estuvo en La Calancha no debería hablar de cadáveres (…) Los abogados que me ayudan agradecen grandemente la ayuda del fiscal de Evo Morales para la denuncia de la inconstitucionalidad de la candidatura de Evo Morales y la persecución política”, finalizó.
Tanto el Gobierno como el partido oficialista descalificó a Quiroga en su intento por denunciar a Morales, porque según expresaron la CIDH no es la instancia para "quejas y pataleos políticos", porque esa organización vela por los derechos humanos.
Sin embargo, bajo este mismo criterio, la CIDH recibió la anterior semana a la Fundación Nueva Democracia que dio su parecer sobre la persecución política y destitución inconstituional de autoridades electas, siendo rebatida por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en representación del Estado boliviano.
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